Pega crimen organizado a salud de la población
Chilpancingo.- Habitantes de al menos 50 comunidades de la región de la Tierra Caliente, en Guerrero, no tienen acceso a servicios médicos debido a que clínicas cerraron por presuntas amenazas del crimen, llevando de esta forma la guerra a un nuevo estadio con afectación directa a los derechos humanos de la población guerrerense.
El asunto de fondo es el estado de indefensión en que viven las familias pues ni el gobierno del estado, a cargo del priista Héctor Astudillo Flores, ni el gobierno federal, presidido por Enrique Peña Nieto, cumplen con una de las tareas básicas de todo gobierno: brindar seguridad a los habitantes.
Desde el pasado viernes, las oficinas regionales de la Jurisdicción Sanitaria 01, de la Secretaría de Salud estatal, en la cabecera del Municipio de Tlapehuala, tampoco han brindado atención.
El cierre se dio luego de que la noche del jueves, supuestos integrantes de la delincuencia hablaron vía telefónica para ordenar a los funcionarios que cerraran los espacios.
En la llamada, también amenazaron con que, si éstos se abrían, sería bajo su propio riesgo.
Médicos, enfermeras, personal administrativo, así como trabajadores de Vectores, aguardan el aviso de las autoridades para regresar a sus actividades laborales.
Los municipios afectados por esta suspensión son, en la totalidad de sus comunidades, Ajuchitlán del Progreso, Tlachapa, Arcelia, Tlapehuala y San Miguel Totolapan.
En el caso del Municipio de Pungarabato, sólo están cerradas las clínicas de las localidades de Tanhanhuato, Sinahua, Las Querendas, Las Juntas de Chacarero, La Bolsa, Placeritos, y Chacarero Grande, informó el Vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia.
De acuerdo con el funcionario estatal, el cierre también se debe a la presión de algunos sectores sociales para exigir que el Congreso local quite el fuero al diputado local priista y ex Alcalde de San Miguel Totolapan, Saúl Beltrán Orozco.
El legislador enfrenta una demanda de juicio político que interpuso la Fiscalía General de Justicia del Estado por su presunta autoría de los asesinatos de un sacerdote y un trabajador del Ayuntamiento en 2014.
También se le acusa de tener vínculos con el grupo delictivo de «Los Tequileros».
(Con información de Reforma)
