Patentiza Nahle en el Senado cambios en sector energético
Si el Poder Judicial fallara en contra de la política energética de la 4T, se enviaría una iniciativa de reforma constitucional al Legislativo
Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaría de Energía, Rocío Nahle, esperarán las resoluciones judiciales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la política de confiabilidad del sistema eléctrico.
Si los amparos de la industria o de la controversia de constitucionalidad que interpuso la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), tuviern éxito, entonces el gobierno federal propondrá una reforma constitucional del sector eléctrico.
Rocío Nahle explicó en comparecencia ante la Comisión de Energía del Senado que los legisladores estadounidenses están en pleno uso de sus facultades al respaldar a las empresas de ese país.
En la misiva que enviaron al presidente Donald Trump la semana pasada, denunciaron que el gobierno mexicano obstruye la expansión de los negocios de esas empresas en México y afecta potenciales inversiones y el tratado de libre comercio.
Sin embargo, reiteró que la política energética actual busca ante todo, fortalecer la soberanía y seguridad nacional, así como fortalecer a las empresas del Estado, que son Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Por ello. se ha dado la postergación del otorgamiento de permisos para generación eléctrica y no se han ejecutado nuevas subastas para adquisición de largo plazo, porque es necesario ordenar el sector tras el desbalance que existía.
Antes de la presente administración, se habían otorgado 132 mil megawatts en permisos para generación de electricidad, cuando la demanda máxima del país ha sido de 47 mil megawatts. Y en lo que respecta a energías renovables, se ha cuidado que tengan respaldo.
Los amparos promovidos por la industria son por la actualización de una tarifa de porteo que no se actualizaba desde hace 10 años para 284 contratos legados que causaron al erario daños por 22,800 millones de pesos sólo en los últimos tres años por la falta de un pago adecuado.
Además, quedaron 200 permisos de autoabasto que han provocado un mercado paralelo energético entre las empresas que aprovecharon este vacío legal al inscribir a más de 70,000 socios en estos proyectos con participación de un dólar a cambio de recibir la energía sin pagar la transmisión, causando otro daño de más de 200,000 millones de pesos a la CFE en la última década.
La titular de Energía aseguró que el país llegará al 2024 con una generación de 35% de energía limpia, como lo determinan la Ley de Transición Energética y el compromiso internacional realizado en el Acuerdo de París.
(Con información de El Economista)
