Paquete de reformas buscan reparar el daño neoliberal a mexicanos

Se trata de reafirmar la austeridad republicana, de reducir el número de legisladores y fortalecer la política social, dijo AMLO

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador formalizó un paquete de iniciativas de reformas constitucionales entre las que destaca revertir el régimen de pensiones a los trabajadores aprobado en el periodo neoliberal; una reforma electoral para elegir a consejeros, ministros, magistrados y jueces; cambios profundos al Poder Judicial; devolver a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su carácter público y estratégico; asignar la Guardia Nacional al Ejército; fortalecer la austeridad republicana y desaparecer organismos autónomos, entre otras.

Hizo un apretado resumen del paquete –el cual consta de 20 propuestas– que busca dar marcha atrás a muchas de las modificaciones realizadas en el periodo neoliberal en detrimento del interés público.

Entre ellas, los cambios en el régimen de pensiones impulsados por los ex presidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón porque afectan injustamente a trabajadores del Seguro Social y del Issste, pues les impiden jubilarse con el 100 por ciento de su salario.

Para reparar este daño, desde el primero de mayo se creará un fondo de 64 mil 619 millones de pesos que se irá incrementando al mismo tiempo que se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por esas reformas antilaborales.

Al referirse al Poder Judicial, López Obrador fue escueto: jueces, magistrados y ministros, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los congresos, serán electos de manera directa por el pueblo, porque sólo el pueblo puede salvar al pueblo.

Austeridad republicana

Otra de las modificaciones es el reforzamiento de la austeridad republicana como política de Estado, a fin de que, con mayor claridad y contundencia, se incorpore al artículo 127 constitucional el principio de que ningún servidor público perciba más que el Presidente.

No se permitirán privilegios ni extravagancias en ninguno de los poderes del gobierno federal para llevar a los hechos las palabras y las recomendaciones a los servidores públicos del presidente Benito Juárez.

En torno a la desaparición de entes autónomos, el mandatario dijo que se eliminarán todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas supuestamente autónomos, sí, autónomos del pueblo, no de la oligarquía, creados durante el periodo neoliberal con el único propósito de proteger negocios particulares en contra del interés público.

Reducir legisladores

Ratificó que su reforma electoral contiene la propuesta de eliminar a diputados y senadores plurinominales para que la Cámara de Diputados se conforme por 300 integrantes y se reduzca a 64 los senadores. Se disminuirá el gasto de organización electoral, el financiamiento de campañas y de partidos, al tiempo que el umbral para ser vinculatorios los resultados de una consulta popular bajará de 40 a 30 por ciento del padrón electoral como participación mínima, extensivo a la revocación de mandato.

Por otro lado, destacó que con el objeto de revertir las facilidades para la privatización en materia de energía eléctrica se promoverá una reforma para devolver a la CFE su carácter público y estratégico. Se prohibirá el uso del fracking para la explotación de hidrocarburos; las concesiones de minas a cielo abierto y el maíz transgénico.

Política social

En el ámbito social, el Presidente anunció un paquete fundado en sus políticas sociales: reducir de 68 a 65 años la edad para recibir la pensión de adultos mayores; que la ayuda para personas discapacitadas tenga un carácter universal (durante toda su vida); elevar a rango constitucional Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida; que el salario mínimo no se incremente por debajo de la inflación y determinar salario mínimo para maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras.

Plantea reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con atención preferente; consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida o entorno y dotarlos de legitimidad jurídica para recibir recursos del presupuesto y promover acciones de inconstitucionalidad de leyes que les afecten.

Asimismo, en materia de atención médica, vivienda, maltrato a los animales, concesiones de agua y drogas químicas.

(Con información de La Jornada)