Oro Negro, la corrupción de ida y vuelta entre gobiernos e IP
Petróleos Mexicanos (Pemex) se ha sumergido en un escándalo más de litigios internacionales y acusaciones de sobornos, ahora contra la arrendadora de plataformas petroleras Oro Negro, que exige una indemnización de hasta 1,000 millones de dólares por daños provocados por la estatal, a quien acusa de un trato desigual cuando ésta buscó renegociar pagos más bajos durante la caída del precio del petróleo, trato que, acusa Oro Negro, se le dio después de negarse a entregar sobornos a funcionarios de la petrolera.
Desde su arranque, en febrero del 2012, Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro fue blanco de señalamientos como conflictos de interés de sus directivos, entre quienes figuran su presidente José Antonio Cañedo White, hijo del cofundador de Televisa Guillermo Cañedo y exdirectivo de Nafin, así como el director general Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz y fundador del fondo Axis Capital, que en el 2013 levantó 200 millones de dólares mediante certificados de inversión provenientes de afores para capitalizar operaciones de Oro Negro, cuyas acciones en dos terceras partes provienen del ahorro en las pensiones de Banamex y Sura.
El presidente del comité ejecutivo y también miembro del consejo de administración es Luis Ramírez Corzo, director general de Pemex del 2004 al 2006.
Luego de la adquisición de una empresa estadounidense de perforaciones, en sólo tres años el valor de los contratos de Oro Negro con Pemex se elevó a más de 1,500 millones de dólares con el arrendamiento de las cinco plataformas (cuatro autoelevables y una modular), con lo que llegó a tener una participación de 8% en estas actividades de la estatal mexicana.
Pero los precios internacionales del petróleo cayeron de más de 100 a menos de 60 dólares por barril, lo que obligó a que el gobierno mexicano realizara ajustes presupuestales, con lo que Pemex cayó en impagos a proveedores.
La petrolera estatal buscó renegociaciones de contratos y fue entonces que, después de mantener detenida una plataforma sin cerrar el contrato con Pemex por más de un año, el 15 de agosto del 2017 Oro Negro informó a sus inversionistas que Pemex le solicitó modificaciones a los contratos de arrendamiento de cinco plataformas.
Su subsidiaria Perforadora Oro Negro solicitó voluntariamente la declaración de concurso mercantil, para preservar las operaciones, además de que inició el juicio ordinario mercantil, solicitando la protección del Capítulo 15 del Código de Bancarrota de Nueva York para impedir embargos, y arbitraje bajo el amparo del TLCAN contra el gobierno mexicano.
En octubre, Oro Negro incumplió un pago de 23 millones de dólares a los tenedores de bonos. En marzo del 2018 fueron despedidos 350 trabajadores de las plataformas, por lo que iniciaron un proceso legal en la Junta de Conciliación y Arbitraje.
A partir de ahí ha iniciado la guerra de acusaciones, que involucran una denuncia penal en que Pemex acusa a Oro Negro de falsear información, así como otro litigio contra el despacho Quinn Emanuel, que también representa a Odebrecht, presuntamente utilizando información en contra de Pemex, así como en la Función Pública contra trabajadores que resulten implicados.
Oro Negro publicó un desplegado en el New York Times acusando a Pemex de actuar contra los intereses luego de que se negaron a otorgar sobornos, alegando que tiene grabaciones que involucran a funcionarios.
Pemex se defendió días después, asegurando que llevará el caso hasta sus últimas consecuencias por las vías legales.
(Con información de El Economista)
