La tragedia de los más de 40 mil desaparecidos

En un reporte de la ex PGR, se menciona que se han completado 3,783 registros antemortem y sólo dos mil 484 postmortem

Ciudad de México. En el comienzo de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador salen a la luz diagnósticos del gobierno de Enrique Peña Nieto cuyos resultados no habían sido hechos públicos pero que aportan información sobre la llamada tragedia humana por la desaparición de personas, drama que México vive como consecuencia de 12 años de “guerra contra las drogas”.

Uno de los hallazgos obliga al ajuste de cifras: no son 37 mil, sino 40 mil 180 las personas que el gobierno tiene reportadas como desaparecidas desde 2006. La revelación fue hecha el jueves 17 por Roberto Cabrera Alfaro, días después de presentar su renuncia como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.

En conferencia de prensa también alertó sobre la existencia de las huellas dactilares de 36 mil 708 cadáveres que permanecen sin ser identificados. En cuatro mil 546 casos se pudo saber la identidad de las víctimas mediante una confronta de sus huellas dactilares con la base de datos del Instituto Nacional Electoral.

Hasta el 5 de diciembre, la comisión no obtuvo una pronta respuesta en mil 818 casos cuando solicitó información a los estados en los que las identificaciones dieron positivo. El comisionado dijo que también suponía que ni siquiera existían las carpetas de investigación en las fiscalías o que simplemente desconocían el paradero de las víctimas.

Así, las entidades con más cadáveres atorados en ese limbo de desinformación son Jalisco, con 658 casos; Estado de México, con 129, y Sonora, con 85. Sin embargo, no son las únicas cifras descubiertas.

La Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, creó el documento Diagnóstico para el Programa Nacional de Exhumaciones –del cual Proceso obtuvo una copia parcial– que permite esbozar el tamaño del reto que enfrenta el nuevo gobierno federal y la pesadilla que lacera a miles de familias.

El documento de 73 hojas es un primer corte de caja sobre el número de cadáveres ingresados a los Servicios Médicos Forenses (Semefos) de los estados y que no fueron identificados, también habla sobre la incapacidad de cada entidad para investigar a las víctimas, el número de fosas clandestinas localizadas en esos cinco años y el grado de implementación de las bases de datos que permiten confrontar si los cuerpos ingresados a los Semefos tienen las características de algunas de los reportados como desaparecidos.

En el informe se menciona que al menos 16 mil 520 cadáveres son conservados en anfiteatros o fueron enterrados en fosas comunes de 27 estados. La cifra es conservadora porque carece de información de los gobiernos locales que son focos rojos en materia de desapariciones, como Coahuila, Jalisco, Sinaloa, Sonora y parcialmente Guerrero, que omitió esos datos. Tampoco respondieron Nayarit ni Campeche.

De esa manera, de acuerdo con los resultados presentados, se puede afirmar que las fiscalías estatales identifican, en promedio, 38% de los cadáveres a su cargo, mientras que la PGR, 39%.

El documento que fue creado por mandato de la Ley General en Materia de Personas Desaparecidas también da cuenta que bajo la tutela del Centro Médico Forense Federal (Cemefofe) de la PGR fueron ingresados 420 cuerpos exhumados de fosas y que 273 seguían sin tener un nombre.

El grado de éxito en la identificación de cadáveres varía de un gobierno a otro: mientras en Chihuahua –donde la administración estatal firmó un convenio con el Equipo Argentino de Antropología Forense– es de 78%, en Durango o Michoacán, que sólo contabiliza los casos en Morelia, el promedio es de 7%.

Los estados que reportaron que no pudieron identificar ninguno de los cadáveres que ingresaron a sus Semefos son Aguascalientes, Baja California, Oaxaca, San Luis Potosí, Quintana Roo y Tabasco.

Llama la atención que entidades con alta incidencia de desapariciones, como el Estado de México o Guerrero, no proporcionaron información sobre las víctimas identificadas. En el Edomex, por ejemplo, sólo se menciona que tres mil 497 cuerpos fueron enviados a la fosa común; no obstante, carece de datos sobre cuántos cadáveres habían ingresado en calidad de desconocidos.

El caso de Morelos también resulta incongruente: el gobierno estatal informó que identificó todos los cadáveres que tuvo en sus morgues, pese al escándalo que se desató cuando familiares de desaparecidos descubrieron que la propia Fiscalía local creó cementerios donde arrojó los cuerpos sin identificar.

Inconsistencias

El diagnóstico que la PGR preparó para el gobierno entrante reporta la existencia de mil 136 fosas clandestinas en todo el país. También destaca que parte de su personal participó en las exhumaciones de 266 fosas clandestinas.

El análisis también registró el rezago de la base de datos nacional que se supone que debería contar con la información antemortem (se trata de fichas con las características de los desaparecidos) y postmortem (la descripción y estudio de los cuerpos o restos encontrados), que el Comité Internacional de la Cruz Roja donó al gobierno mexicano en septiembre de 2013. Se trata de una base para comparar entre los datos de los desaparecidos y los perfiles genéticos.

Sobre el avance en la implementación de la base de datos, el documento no menciona a los estados de Aguascalientes, Colima, Morelos y Sonora. Se trata de cuatro estados que presuntamente no han comenzado con el llenado de información que facilitará la identificación de cuerpos.

Del reporte llama la atención que si en México hay más de 40 mil desaparecidos sólo se mencione que se han completado tres mil 783 registros antemortem y sólo dos mil 484 postmortem. El documento agrega que están por actualizarse 16 mil 921 más.

La PGR también explica que desde 2007 registró “un número importante de personas sin identificar” y que desde ese momento comenzaron los esfuerzos para crear registros, herramientas y mecanismos de búsqueda.

En 2011, en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en la que participaron todos los procuradores del país, reconoció la gravedad del problema, pero desde entonces la lista de desaparecidos aumenta.

La vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, Grace Fernández Morán, aporta más piezas al diagnóstico: “Sólo hay nueve comisiones estatales de búsqueda y el año pasado ya deberían estar instaladas en todo el país.

El protocolo homologado de investigación que supuestamente tenían que seguir la PGR y las fiscalías especializadas quedó muy mal, no se incorporaron los comentarios de las familias y tampoco se capacitó a los Ministerios Públicos.

 “No existe el plan nacional de búsqueda que se supone que el comisionado Cabrera iba a presentar estos días; lo que presentó es un índice ampliado, no es un plan”, agrega Fernández Morán.

(Vea el reportaje completo en Proceso)