La política laboral reduce la pobreza en México

De 5.1 millones de personas que salieron de la pobreza entre 2018 y 2022, 4.1 millones lo hicieron gracias al incremento salarial

La reducción de la pobreza en México ha sido resultado, sobre todo, de la política laboral, particularmente de los aumentos al salario mínimo, asegura el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños López, quien sostiene que de los 5.1 millones de personas que salieron de esta condición entre 2018 y 2022 –los últimos datos de medición–, 4.1 millones lo consiguieron gracias a los incrementos salariales.

En entrevista con La Jornada, el funcionario federal destaca que nuestro país tiene la tasa de desempleo más baja de la historia, al registrar 22.4 millones de puestos formales. Lo anterior, no obstante el más reciente reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre la continua disminución de empleos en 16 estados del país. Sólo en abril se perdieron 47 mil 442 puestos de trabajo.

Prácticamente 80 por ciento de la contribución a la reducción (de la pobreza) fue por temas laborales, lo que muestra que esta agenda es uno de los pilares de la transformación, subraya el funcionario.

Mientras el gobierno de Estados Unidos está imponiendo medidas arancelarias y preparando el terreno para la revisión del T-MEC –lo que podría repercutir en el mercado laboral en México–, el secretario del Trabajo afirma que al momento no hay impactos en el empleo.

Aclara que no ha habido, en realidad, un anuncio sobre el traslado de empresas de México hacia Estados Unidos; por el contrario, hay mucha solidez y confianza en la inversión, independientemente de los acuerdos que dan cuenta de que la relación entre ambos países sigue siendo estratégica y el gobierno de Estados Unidos lo reconoce. No hay en realidad registro de pérdida de empleo derivado de algún fenómeno como la imposición de aranceles.

Bolaños López, licenciado en relaciones internacionales, adelanta también que la dependencia a su cargo participará de manera muy activa en la discusión del T-MEC. Señala que hay una necesidad de calibración para que el tratado cumpla con sus objetivos de garantizar la libertad sindical y negociación colectiva, pues en el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida se han planteado 35 quejas contra México sobre la presunta vulneración de estos derechos, aunque la mayoría han sido resueltas, no tienen pertinencia.

Explica que este mecanismo debe “cumplir el marco de su acción, lo cual tiene que ver con su implementación y el tiempo particular en el que fue firmado (2018) hacia adelante para evitar –como ya ha ocurrido– la presentación de quejas fuera de la temporalidad de la firma del tratado”.

Acerca de que en el marco del T-MEC el mayor número de quejas laborales han sido en contra de México, el titular de la STPS señala que es un número nada alarmante y es reflejo no del mecanismo, sino del estado de las relaciones laborales en el país, porque el gobierno ya no se entromete en la vida sindical, no impone ni quita líderes. Tampoco existe una actitud corporativista como anteriormente pasaba.

Señala que las quejas laborales tienen que ver con el mismo diseño del mecanismo: hay una queja de Estados Unidos y Canadá sobre un tema laboral mexicano, se aplica el mecanismo, pero no necesariamente así de regreso, es decir,de México hacia esos países.

En sus oficinas centrales, reconoce que hay gran cantidad de reformas pendientes que forman parte del abanico de derechos y demandas de los trabajadores como la entrada en vigor de la ley Silla el mes próximo, la ampliación de los permisos de paternidad y la duplicación del aguinaldo a 30 días.

Ello refleja la riqueza de la agenda laboral en el horizonte. No obstante, en lo inmediato la prioridad es consolidar la reducción de la jornada de trabajo de 48 a 40 horas. Es, subrayó, una reforma de gran calado.

Hay una gran cantidad de reformas pendientes como la entrada en vigor de la ‘ley Silla’, la ampliación de permisos de paternidad y la duplicación de aguinaldo a 30 días. En lo inmediato, es prioridad consolidar la reducción de la jornada laboral a 40 horas, subrayó. Foto Cristina Rodríguez

Asegura que hay mucha sensibilidad por parte de los sindicatos y las empresas, con los que se ha dialogado para que este esquema se aplique de manera gradual y en enero de 2030, las 40 horas ya estén instaladas por completo.

Bolaños López, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral en la anterior administración de la STPS, resalta que el incremento al salario mínimo acumula una recuperación de 135 por ciento al pasar de 88.36 pesos diarios a 278.80 pesos entre 2018 y 2025. A esto se suman las acciones de la dependencia para la colocación de espacios laborales a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE).

Catalizador para los jóvenes
Detalla que de los 22.4 millones de personas que están en la formalidad actualmente, el SNE ayudó a vincular a 2.5 millones de ellas.

En este marco, el programa insignia Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) también ha sido un catalizador, dice, en la generación de puestos de trabajo para este sector. Indica que para los jóvenes, que históricamente han enfrentado la falta de oportunidades y la inexperiencia para su ingreso en el mercado laboral, la tasa de empleo ronda 22 por ciento.

Detalla que de los becarios que participan en el programa, 60 por ciento encuentran un trabajo formal o han emprendido su propio negocio, pero además esta proporción se incrementa si se considera que otro 10 por ciento de los jóvenes regresan a sus estudios; de ahí que dentro de los resultados positivos, siete de cada 10 beneficiarios han logrado una ocupación productiva.

Hemos tenido la satisfacción de ver cómo muchos jóvenes, que tienen la inquietud, han visto la oportunidad, a partir de este programa y del apoyo económico, de emprender y tener su propio negocio. Esto ha sido muy bueno porque una vez establecidos, son ahora ellos quienes se vinculan como tutores y empiezan a capacitar a otros.

La STPS ha invertido a favor de los jóvenes 135 mil millones de pesos en más de seis años; esto es, 19 veces más que en las tres décadas del periodo neoliberal, cuando sólo se destinaron 7 mil millones de pesos.

A la fecha, se ha atendido a 3 millones 154 mil personas de 18 a 29 años que han sido capacitadas en más de medio millón de unidades económicas y centros de trabajo.

El monto que reciben actualmente los beneficiarios de JCF asciende a 8 mil 480 pesos mensuales y es un apoyo que se entrega hasta por un año, equivalente al tiempo de capacitación. Ellos tienen la libertad de decidir en qué invierten ese recurso y, lo que tenemos rastreado, es que lo utilizan para la satisfacción de sus necesidades en términos de bienes, menciona.

Explica que desde su instrumentación en 2019, cuando Bolaños era subsecretario de la STPS y tenía a su cargo este programa, ha ido evolucionando con el objetivo de focalizar el apoyo en los municipios y entidades del país donde existe una importante necesidad, que incluye las zonas de mayor violencia y donde se ha identificado que hay una mayor desocupación de jóvenes, de desigualdad y pobreza.

Lo que hay que entender es que este apoyo económico para los jóvenes es algo que anteriormente nadie les daba y que ahora es un derecho constitucional, resalta.

(Con información de La Jornada)