La “asonada legal” contra la Cuarta transformación
Enfrentan 7 acciones de inconstitucionalidad y 6 controversias constitucionales ante la SCJN, y 5,631 juicios de amparo en Tribunales Colegiados
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador litiga ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en siete acciones de inconstitucionalidad y seis controversias constitucionales, y ante Tribunales Colegiados de Circuito en 5,631 juicios de amparo interpuestos por ciudadanos, partidos y organizaciones por casos como el aeropuerto de Santa Lucía, la operación de la Guardia Nacional, la ley de salarios máximos y la cancelación del programa de estancias infantiles, entre otros.
De acuerdo con información obtenida por El Economista, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República litiga ante la Corte por la interposición de una controversia constitucional por la cancelación de estancias infantiles, y cinco controversias y dos acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
También por la interposición —por parte de partidos u organismos como la CNDH— de cinco acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Nacional del Registro de Detenciones, la Ley de la Guardia Nacional y Ley Nacional de Extinción de Dominio.
Asimismo, el gobierno federal presenta argumentos ante tribunales colegiados de circuito por la interposición de 1,449 juicios de amparo en contra de la cancelación de estancias infantiles, y 4,030 juicios por la reducción de salarios contemplada en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
El gobierno también sostiene una batalla legal en tribunales por la interposición de 40 juicios de amparo en contra de la Ley de la Guardia Nacional, 15 por la Ley Nacional de Extinción de Dominio y 97 por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco y el inicio de obra de un aeródromo en la base de Santa Lucía.
El presidente López Obrador ha fustigado contra ciudadanos como Claudio X. González y organismos como la Coparmex y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, por promover amparos contra proyectos de su gobierno como Santa Lucía.
También contra los funcionarios públicos que se ampararon contra la reducción de salarios contemplada en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
A decir del presidente, son actos jurídicos que “sabotean” los cambios que promueve la cuarta transformación del país.
“Yo llamaría a los opositores; la Coparmex, que es activista, siempre pensé que era como un sector de un partido y ahora está quedando de manifiesto (…) Claudio X. González, que transparenten de dónde sacan dinero para todas estas campañas”, demandó el mandatario el 23 de septiembre pasado.
Especialistas opinan
Everardo Moreno Cruz, abogado constitucionalista y exsubprocurador general de la República (1997-2000), así como María Marván Laborde, profesora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coincidieron en que la interposición de recursos legales por parte de ciudadanos y organizaciones sociales no representa una disputa contra el gobierno, sino una forma de dirimir diferencias.
“La ciudadanía puede ante otro poder expresar su desacuerdo a propósito de las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo, no lo veo como nada extraño; es simplemente el ejercicio de los derechos que tienen los ciudadanos. Los particulares que han interpuesto amparo lo han hecho porque sienten que debe cambiarse esa decisión. Yo lo veo correcto y tendrá que ser el Poder Judicial el que decida”, dijo Everardo Moreno.
María Marván consideró que los actos jurídicos interpuestos no son privativos en este gobierno, sino desde hace 20 años que los ciudadanos comenzaron a exigir y hacer valer sus derechos.
“Para eso sirve el amparo, para que los ciudadanos se protejan de actos de la autoridad que presumen no son apegados a derecho; por lo tanto, se puede interponen una controversia para que un poder independiente revise la juridicidad de los actos y determine si la autoridad que toma la decisión tiene razón o no”.
“Lo que ha habido en los últimos 20 años, no en el último año, es el aprendizaje de la ciudadanía de lo que se llaman litigios estratégicos, y han aprendido a hacerlo muy bien. De lo que habla es de una madurez por parte de los ciudadanos. En los últimos 20 años, hay un proceso de aprendizaje de la ciudadanía para utilizar estos litigios, para defenderse en lo personal, o defender causas de bien común a través del litigio estratégico”, comentó Marván.
Consideró que “lo que no pueden los ciudadanos es dejarse intimidar o preocupar de que un juicio de amparo es malo (…) tampoco se debe abusar de los juicios”, alertó. Sin embargo, estimó que “sí tendríamos que tener una preocupación importante cuando se ponen juicios frívolos que no tienen fundamentos. Pienso, por ejemplo, en temas de partidos ante el tribunal”.
La verdadera independencia
Tanto María Marván como Everardo Moreno consideraron que el Poder Judicial sigue conservando su independencia del Poder Ejecutivo; no obstante, de algunas diferencias entre las partes en los últimos 10 meses del actual gobierno federal.
“Veo con preocupación que el presidente de la República no tiene por qué anticiparse a lo que vaya a responder el Poder Judicial, porque el señor presidente es eso, presidente, ya no es candidato, lo veo como una actitud poco seria porque no es la actitud que debería de adoptar el titular de uno de los poderes”.
“Esperemos que no haya confrontación, son tres poderes con sus facultades perfectamente delineadas y el hecho de que presente un recurso para modificar a otro, no debe provocar de ninguna manera confrontación, esto afirma que somos un país no solamente de instituciones, sino donde se respeta el marco legal. El Poder Judicial está fuerte y debemos verlo más fuerte todavía porque los jueces son de alguna manera la garantía de que la ley se pueda cumplir”, dijo Everardo Moreno.
(Con información de El Economista)
