Intimidan a opositores a la hidroeléctrica en Puebla
Las organizaciones y las comunidades mantienen una lucha por su territorio desde hace diez años, combatiendo decisiones de la CRE
Organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, denunciaron el ambiente de hostigamiento e intimidación hacia líderes comunitarios de los municipios de Ahuacatlán y San Felipe Tepatlán, en la Sierra Norte poblana que se oponen la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1), en defensa de su territorio y el agua.
Amnistía Internacional, Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Consejo Tiyat Tlali, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), así como las comunidades afectadas, exigieron al estado mexicano “garantizar la protección de quienes defienden los derechos humanos y ambientales”, luego de que los líderes comunitarios han sido blanco de amenazas, eventos de descalificación, criminalización y hostigamiento.
Al señalar que el Consejo Tiyat Tlali, Imdec y Fundar han acompañado a las comunidades totonacas de San Mateo Tlacotepec, Altica y San Felipe Tepatlán, en la defensa de su territorio y el agua, contra el proyecto hidroeléctrico propiedad de la empresa Deselec 1, perteneciente al grupo Comexhidro.
Las organizaciones y las comunidades mantienen una lucha por su territorio desde hace diez años, combatiendo decisiones de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que otorgaron permisos para la construcción de la hidroeléctrica, pese a que un peritaje de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que el megaproyecto provocará daños al medio ambiente.
De acuerdo a los denunciantes, el PHP1 quitará el agua a los habitantes de las comunidades totonacas para favorecer a las empresas Nueva Walmart de México, Waldo´s, Dólar Mart de México, Vips y Suburbia.
Durante el litigio, la abogada de Fundar, Itzel Silva, ha sido víctima de actos intimidatorios, que se han ido recrudeciendo conforme la defensora promueve actuaciones judiciales para impugnar sentencias del Poder Judicial Federal en contra de las comunidades.
Entre los actos de intimidación y criminalización, en agosto de este año se reabrió una demanda penal iniciada por el exsecretario del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Jesús de la Cruz Sánchez Cuevas, con las abogadas que acompañan a las comunidades, Itzel Silva y Diana Pérez, del Consejo Tyat Tlali, denuncia que se había acordado que se mantendría cerrada.
Además, a las oficinas de Fundar, en la Ciudad de México, llegó una fotografía de la casa de Silvia Villaseñor, integrantes de Imdec, y defensora de la tierra, como una demostración de la vigilancia a la que está siendo sometida la población que se opone a la hidroeléctrica.
Contaron que tras ganar una suspensión temporal del proyecto, “se dio inicio a una serie de eventos de descalificación, criminalización y hostigamiento en contra de representantes comunitarios demandantes en el juicio, integrados en los Comités de Defensa del Río Ajajalpan, así como en contra de las organizaciones y defensoras que acompañan el caso”, situación que se suma al “ambiente de tensión y desconfianza que busca dividir a las comunidades”.
La andanada en contra de las comunidades totonacas se agravó el pasado 10 de octubre cuando un juez federal “negó a las comunidades demandantes el reconocimiento a sus derechos, al avalar una consulta simulada, e ignorar los impactos ambientales que dicho proyecto tendrá sobre su tierra, y su medio de vida”.
Al recordar que el caso fue presentado ante el relator Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Miche Forst, organizaciones nacionales e internacionales resaltaron “el clima de riesgo que viven las y los defensores del derecho al medio ambiente; siendo los proyectos hidroeléctricos de los principales contextos de estos ataques”.
Organizaciones civiles exigieron al gobierno mexicano, a nivel local y federal “garantizar la protección de personas defensoras tanto de las organizaciones acompañantes, como de las comunidades, así como garantizar su legítimo derecho a la defensa de los derechos humanos”.
A las organizaciones mencionadas, se unieron en la exigencia el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Artículo 19, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Oxfam México, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), Poder, Servicios y Asesoría para la Paz y el Centro de Estudios Ecuménicos.
(Con información de Proceso)
