Inoperancia en la lucha anticorrupción
La corrupción le cuesta a México cerca del 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), según datos presentados por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) quién reprochó a las autoridades, principalmente a los legisladores, la incapacidad para conformar el Sistema Nacional Anticorrupción a 60 días de que venza el plazo.
Los empresarios han exigido, desde hace tiempo atrás, cambios de fondo en materia de corrupción, pero hasta el momento, aunque se han anunciado leyes y organismos, México no ha sido capaz de integrar un sistema anticorrupción, según señaló ayer Gustavo Hoyos Walther, Presidente de la Coparmex en su mensaje durante un foro empresarial.
Los pobres, víctimas propiciatorias
El citado lastre le cuesta a los empresarios, comerciantes y, principalmente, a la población más desprotegida. De acuerdo a la información presentada por el líder empresarial, se estima que las familias que viven en zonas marginales, lugares con altos niveles de pobreza, gastan hasta el 14 por ciento de los recursos tras ser víctimas de la corrupción.
En materia empresarial, cerca del 5 por ciento de las ventas de las empresas son destinados a pagos extraordinarios
Pese a los discursos y promesas de combate a la corrupción, en lugar de avanzar en el tema, México retrocede, al menos en la percepción mundial: el país cayó 28 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción del sector Público realizado por Transparencia Internacional.
Con una calificación de 30 puntos en una escala del 0 al 100, México pasó del lugar 95 pasó al 123 en el 2016, según el Índice presentado en enero de 2017.
“La falta de contrapesos reales entre poderes, el número y la gravedad de los casos de corrupción expuestos a la opinión pública y los niveles de impunidad, fueron determinantes en esta nueva evaluación del país”, explicó en su momento la organización Transparencia Mexicana.
Parte de los datos de Transparencia México e Internacional, sobre la posición de la nación en materia de corrupción, también fueron recordados por Hoyos Walter al reprochar a las autoridades, principalmente a los legisladores, la incapacidad de integrar a tiempo el Sistema Nacional Anticorrupción.
“No vamos a la velocidad adecuada, a casi 60 días de que se venza la fecha limite para que el sistema anti corrupción esté instalado no hemos sido capaces como país, y ahí desde luego al poder legislativo tiene una responsabilidad importante, en integrar completamente los órganos del sistema anti corrupción: no contamos todavía con el fiscal especializados, no han sido nombrados los 18 magistrados del tribunal federal que tendrá a su cargo juzgar los hechos de corrupción y está el proceso , que necesitamos que concluya, el nombramiento del secretario ejecutivo del sistema nacional anti corrupción”.
El líder empresarial resaltó que uno de los mayores retos, en la materia, es en los estados de la república en donde se han presentado los hechos más lacerantes en materia de corrupción.
“Es importante porque es donde hay [en las entidades] menos capacidad de seguimiento, hay menos ojos puestos en el tema de la corrupción”, resultó,.
Por ello urgió a que antes del 18 de junio deben de quedar conformados los 32 sistemas locales anti corrupción.
El pasado 15 de abril la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó auditar la declaración de impuestos, patrimonial e intereses de los funcionarios y políticos mexicanos si se busca abatir la corrupción y generar confianza en el Gobierno.
Entre las 35 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se ubica en el último lugar.
En el “Análisis de la OCDE de la honestidad en México” aseguró que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida “Ley 3de3”, reforzará la rendición de cuentas. Sin embargo, señaló que se podría fortalecer la estrategia y las directrices de la manera en que dicha información será verificada y auditada de manera consistente en todo el sector público.
“El Gobierno de México debe, por lo tanto, adoptar un enfoque basado en el riesgo al auditar estas declaraciones, según la vulnerabilidad a la corrupción y otras ‘banderas rojas’ que indiquen un mayor riesgo”, apuntó en su apartado de conclusiones y recomendaciones a México.
Sumado a ello, refirió que “se debe de garantizar que existan sistemas de información enlazados que permitan una adecuada validación de la información”.
Respecto al conflicto de interés de los funcionarios mexicanos señaló que la Secretaría de la Función Pública (SFP) podría “comunicar claramente que, a pesar de los nuevos requisitos de declaraciones, permanece en los funcionarios públicos la responsabilidad de informar proactivamente y resolver, cuando surjan, situaciones de conflicto de intereses, reales, potenciales y aparentes, en concertación con sus oficinas de gestión y control interno.
(Con información de Sin Embargo)
