Hubo 150 denuncias por irregularidades en elección: SFP
Ciudad de México. El resultado de las elecciones del pasado 1 de julio es claro ejemplo de cómo empezaron a romperse viejos paradigmas, en el sentido de que la coacción jurídica era uno de los medios de control, en aras de legitimar las elecciones.
Así lo señaló José Gabriel Carreño Camacho, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), durante la presentación del libro “Monitor democrático 2018. Para legitimar la elección presidencial 2018: cultura cívica-transparencia-coacción jurídica”.
El funcionario recalcó que la conciencia y educación cívicas han dado muestras de que instancias como la SFP van a tener que traducir su función y dejar ser entes sancionadores, para convertirse en entes preventivos o en mecanismos de prevención, para evitar que los servidores públicos incurran en faltas administrativas, en incumplimiento de sus obligaciones.
“La coacción jurídica sigue siendo necesaria en este ínter, en este nuevo esquema, pero poco a poco se va a ir erradicando, y me atrevo a decir que llegará el momento en que no sea necesario”, precisó.
De igual manera, informó que la SFP recibió 150 denuncias por presuntas conductas irregulares relacionadas con el pasado proceso electoral, es decir, “un número muy bajo”.
En la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), Carreño Camacho explicó que como las denuncias no tienen que ver con incumplimiento de obligaciones o faltas administrativas, sino con conductas delictivas, se turnaron a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
“Hasta el momento no hemos recibido una sola denuncia formal, por supuesto, donde se atribuya que algún servidor público haya incurrido, por ejemplo, en cohecho, en abuso de funciones, en tráfico de influencias, o de algún particular, como por ejemplo candidatos a elección popular”, destacó.
Insistió que el número de denuncias, desde marzo hasta la fecha, ha sido muy bajo, porque el consenso de legitimar las instituciones públicas democráticas ha sido desde la sociedad y no del gobierno, a través de la amenaza de imponer sanciones a servidores públicos que no cumplan su obligación.
(Con información de Proceso)
