Gobernadores priistas al servicio del narco
Para jueces florentinos, los gobiernos de México y de Estados Unidos han aportado pruebas de que el ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington –arrestado en Italia en abril pasado– primero facilitó y luego participó en las actividades de los cárteles del Golfo, de Los Zetas y de los hermanos Beltrán Leyva de 1999 a 2009 a cambio de millones de dólares, echando por tierra argumentos de la defensa del político tamaulipeco que pretendía ser presidente.
Roma. En agosto de 2004, en un rancho llamado El Tinieblo, propiedad de Tomás Yarrington, se reunieron el entonces gobernador de Tamaulipas y quien sería su sucesor, Eugenio Hernández Flores, con los narcotraficantes Heriberto Lazcano Lazcano, jefe de Los Zetas, y Eduardo Costilla Sánchez, líder del Cártel de Golfo.
Eran las postrimerías del periodo gubernamental de Yarrington y en esa reunión se decidió que el Cártel de Golfo designaría a los jefes de policía y otros funcionarios encargados de la seguridad del estado en el nuevo gobierno de Hernández, mientras que Los Zetas nombrarían al director de las cárceles de Tamaulipas.
Yarrington le dijo a Hernández que debía ayudar a los narcotraficantes y que él había trabajado “siempre muy bien” con el Cártel del Golfo.
El episodio fue relatado por el declarante Pitufo (nombre en código del testigo protegido). Aparece en actas judiciales incluidas en el expediente del proceso de extradición de Yarrington en Italia, a una de cuyas partes tuvo acceso este semanario.
El del Pitufo es uno de los testimonios que, según la acusación, reconstruyen de primera mano el presunto pasado criminal de Yarrington. De hecho, la sentencia 18/17 de la Sección Primera de la Corte de Apelaciones de Florencia acredita dichos testimonios como detallados y coincidentes en la descripción de hechos que imputan al ex gobernador de Tamaulipas.
Testimonios
De acuerdo con los jueces florentinos, existe convergencia en las declaraciones judiciales de los testigos Ángeles, El Pollo, Pedro, Pitufo, Yeraldín y Rufino. Se trata de testigos aportados por Estados Unidos y México, cuyos gobiernos piden la extradición del político priista desde que éste fue arrestado en abril pasado en Italia.
Los jueces consideran que la documentación aportada por ambos países resulta en “un elevado grado de concreción probatoria”. Señalan que los delitos presuntamente cometidos por Yarrington son “agravados” por el hecho de que poseía un papel público primario.
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