Giran orden de aprehensión contra ‘rey del outsourcing’
Beyruti utilizó esquemas financieros para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita que podrían superar los 30 mil millones de pesos
Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó y obtuvo de un juez federal una orden de aprehensión en contra del empresario Raúl Beyruti, presidente de GINgroup, considerada la mayor empresa de outsourcing en el país, y de acuerdo con funcionarios ministeriales, la acusación se sustentó en los señalamientos que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
De acuerdo con la información obtenida Beyruti utilizó esquemas financieros para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita que podrían superar los 30 mil millones de pesos de incurrir también en defraudación fiscal, por ello en días pasados se judicializó la carpeta de investigación iniciada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
En diciembre pasado, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, declaró en entrevista con La Jornada: “se está investigando y se han presentado 53 denuncias, 30 relacionadas con empresas fachadas y 15 vinculadas con empresas factureras, aunque estamos trabajando 43 adicionales que nos mandó el SAT. Tenemos ocho sobre outsourcing, que incluyen al Grupo GIN (del empresario Raúl Beyruti)”.
Asimismo, en diciembre pasado, y en respuesta a lo declarado por el titular de la UIF, Alfredo Cedillo, encargado de comunicación corporativa de GINgroup, dijo que ni Beyruti Sánchez, así como ninguna de sus empresas, habían sido notificadas por parte de las autoridades de alguna indagatoria.
“La actuación de GINgroup durante 40 años, siempre ha estado apegada a la legalidad en todos los órdenes, tanto laboral como fiscal y de cualquier otra regulación vigente en México; ya que creemos profundamente en que nuestro país se desarrolla con el irrestricto apego al estado de derecho. En GINgroup cumplimos a cabalidad las disposiciones que establece la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Ley del Infonavit, así como con todas aquellas disposiciones estatales y federales que regulan la actividad del capital humano”, señaló Cedillo.
En ese contexto, la FGR obtuvo pruebas para presentar el caso ante un juez federal y así obtuvo el mandamiento judicial en com ntra de Raúl Beyruti, sin que hasta el momento se haya presentado algún juicio de amparo en contra la orden de captura por delitos que no están tipificados como graves, aunque el Ministerio Público puede solicitar la medida cautelar de prisión preventiva.
Entre las denuncias presentadas en los meses de agosto y octubre del año pasado en contra de GINgroup y que dieron origen a la carpeta de investigación destacan las que las fórmulas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la que se menciona que Raúl Beyruti en su calidad de representante único de la empresa Distribuciones y Representantes del Sur “omitió el pago parcial de cuotas obrero-patronales, así como las correspondientes al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, ocasionando un perjuicio por la cantidad de 40 millones 870 mil 550 pesos, por el periodo comprendido entre 1 de enero al 30 de junio de 2017”.
Asimismo, el Ministerio Público Federal recibió por parte de la procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), una denuncia en la que acusa a Raúl Bayruti de cometer el delito de defraudación fiscal equiparada, ya que la compañía Distribuidores y Representantes del Sur omitieron el pago de del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios por concepto de fomento al ahorro, correspondiente a los meses de enero a junio de 2017, por un monto de 223 millones 912 mil 664 pesos.
GINgroup de Raúl Beyruti Sánchez, es un corporativo que presta servicios de subcontratación para empresas como FEMSA, Comex y Walmart, entre otras 2 mil 500, y presuntamente maneja alrededor de 200 mil puestos de empleo bajo ete sistema, además de servir como facturará para empresas que no cuentan con operaciones reales, señalaron funcionarios federales que conocen de la indagatoria judicializada.
Estos datos de prueba se complementaron con la investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual ha documentado evasión fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
(Con información de La Jornada)
