Exigen justicia para músicos asesinados en Guerrero

Tras el asesinato de los padres de familia, la CRAC-PF capacita a una veintena de huérfanos para defenderse de la delincuencia

Pobladores de Alcozacán (Guerrero) mantienen un bloqueo a la entrada de la comunidad en exigencia de justicia para los familiares de los 10 músicos que fueron asesinados y quemados, el 17 de enero, en un tramo de la carretera Mexcalcingo-Tlayelpan.

Una veintena de niños que quedaron huérfanos luego de la muerte de sus padres por parte de una célula de los Los Ardillos, fueron captados por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), para enseñarles a defenderse de la delincuencia organizada en la montaña de Guerrero.

“Les enseñamos a defenderse para que no sean levantados o secuestrados. Tenemos comprobado que el grupo criminal, si llevas armas, no se meten contigo”, explicó Bernardino Sánchez, uno de los líderes fundadores de la CRAC-PF.

Durante una presentación pública que se realizó en la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa de Álvarez, se contabilizaron a 19 niños, de entre seis y 15 años, de los cuales varios portaban armas de fuego y algunos palos sobre sus hombros.

De acuerdo con Sánchez Luna, los menores que actualmente reciben adiestramiento para uso de armas, decidieron sumarse a las filas de la policía comunitaria por el “asedio y atropellos que cometen grupos delincuenciales que operan en esa zona, en particular por Los Ardillos”.

Ante esta situación, el gobierno de Guerrero emitió un comunicado en el que se “hace un atento llamado a la Policía Comunitaria, a respetar, conforme a la ley, los derechos humanos de los menores”.

Pero para los líderes de la CRAC, “se preparan para defender a su pueblo, a sus familias, porque la delincuencia es demasiada en Guerrero”.

Además, lamentaron que los gobiernos de los tres niveles no tengan la capacidad para combatir la delincuencia: “la Guardia Nacional es otro grupo más que se está gastando nuestros recursos que damos los mexicanos, y cuando ven que somos atacados, se hacen a un lado”.

Expresaron que ese grupo de seguridad sólo se acerca para preguntarles cuántos de sus compañeros han muerto. “Sólo nos intimidan, queriéndonos desarmar”, acusan.

Por esa situación enviaron un mensaje al gobierno de Andrés Manuel López Obrador: “no vamos a dejar las armas, porque ya vimos que el gobierno es incapaz. Estábamos solicitando su presencia en este crucero de Alcozacán; sin embargo, no han venido los funcionarios a dialogar con nosotros. No nos han dado ni una respuesta de las 29 demandas de 16 comunidades”.

Del mismo modo, convocaron a los integrantes de todas las policías comunitarias de la zona a “que hablen con las compañeras y niños para que nos sigamos preparando, para que podamos defendernos”.

Esta no es la primera ocasión que se hace público el reclutamiento de menores en la CRAC. En mayo pasado, ocho niños fueron adiestrados, tras un ataque armado que sufrió la comunidad indígena de Rincón de Chautla, también en Chilapa.

(Con información de El Financiero)

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