Evidencia The Economist fracaso de Peña y Calderón

Ciudad de México. La influyente revista The Economist dice en su nueva edición que el fracaso de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón podría llevar al votante mexicano a darle una oportunidad a la amnistía que plantea el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador.

Lo dice al final de un largo texto en el que detalla cómo es que México pasa por una inédita espiral de violencia, aunque el actual presidente Enrique Peña Nieto prometió a los mexicanos bajar los homicidios.

La propuesta de amnistía para reducir los altos niveles de violencia en México, que promueve el candidato presidencial izquierdista, fue vista como una innovación en políticas públicas por parte de la organización Open Society Foundations.

“La amnistía puede ser una innovación interesante en políticas públicas y podría beneficiar a quienes han cometido delitos no violentos”, dijo el colombiano Diego García-Devis, oficial del programa de política de drogas para América Latina del organismo.

“Es muy fácil y populista relacionar el uso de drogas a temas de seguridad al igual que continuar criminalizando a los más débiles, como usuarios de drogas o pequeños productores de amapola”, explicó a la agencia Efe García-Devis durante un recorrido a medios en la presentación la exposición del Museo de Política de Drogas en Ciudad de México.

“Lo más difícil es ser innovador en políticas públicas y eso es lo que nos interesa promover: queremos que las campañas [en México] se interesen y reflexionen sobre la necesidad de una nueva política en esta materia”.

Indicó que las campañas y la futura administración de este país “tendría la obligación” de abordar el tema “desde la salud y la inclusión social”, y que como fundación tratan de “fomentar un abordaje más inteligente” de la política de drogas.

El experto indicó que en Latinoamérica cada país tiene su propia realidad, pero que una constante del problema de las drogas “es el abordaje desde el derecho penal a un fenómeno que se relaciona con la salud por el consumo o al desarrollo o inclusión socioeconómica”.

La cuestión de Guanajuato

El texto de la revista inglesa inicia narrando la situación que se vive en Guanajuato. “En Apaseo el Grande”, cuenta, “los cuerpos se están acumulando. En febrero, mafiosos mataron a un político local. Los restos de otra víctima fueron encontrados en cuatro bolsas repartidas por la ciudad. La policía hizo un descubrimiento similar en abril. En los primeros tres meses de este año, el municipio de 85,000 personas tuvo 43 asesinatos, en comparación con 20 en todo el 2016. Eso es casi lo mismo que Londres, una ciudad 100 veces más grande y actualmente en pánico por su alta tasa de homicidios”.

Un visitante, narra, puede no notar nada raro.

“Coches brillantes hechos en fábricas cercanas cruzan las calles y los niños juegan en la plaza principal. Pero los residentes están asustados. Haciendo rebotar a un niño sobre su rodilla en su sala de estar, Efraín Rico Rubio, un ex concejal de la ciudad, ahora un trabajador administrativo en una universidad, describe la violencia. ‘Tres cuadras más abajo mataron a alguien’, dice, ‘y tres bloques en la otra dirección’. Ve pocas perspectivas de mejora. Los estudiantes ‘quieren ser El Chapo’”.

The Economist habla sobre la ola criminal nacional, durante la cual la tasa de homicidios rompió su récord anterior de 2011. “Ese pico llegó después de que el entonces Presidente, Felipe Calderón, desplegó el ejército para luchar contra las bandas de narcotraficantes. Su táctica de capturar o matar a los reyes hizo que las pandillas se dividieran en facciones en guerra y que entraran en nuevas líneas de negocios. El actual Presidente, Enrique Peña Nieto, quien asumió el cargo en 2012, prometió reducir a la mitad el índice de homicidios. En cambio, después de una disminución inicial, aumentó bruscamente. Para marzo de este año, el número de asesinatos durante la presidencia de Peña había excedido el número de muertos bajo Calderón. La tasa de homicidios hasta ahora en 2018 es alrededor de un 25 por ciento más alta que en 2011”.

La revista dice que el segundo problema de Guanajuato, además del fenómeno nacional, es que es nuevo para tal violencia y, por lo tanto, estaba menos preparado. En 2011, su tasa de homicidios fue la mitad del promedio nacional. Ahora se ha disparado para duplicar la tasa nacional.

“El aumento de la violencia es uno de los principales problemas en las elecciones generales programadas para el 1 de julio. Casi la mitad de los mexicanos dicen que el crimen es el principal problema en su área. La desaparición de tres estudiantes de cine en Guadalajara en marzo, y el descubrimiento de que sus cuerpos se habían disuelto en ácido, desató grandes protestas el mes pasado. El primero de tres debates entre cinco candidatos presidenciales, celebrados el 22 de abril, comenzó sobre el tema de la seguridad. Sus propuestas no fueron alentadoras. Andrés Manuel López Obrador, el favorito de izquierda, diagnosticó mal el problema. Sus soluciones propuestas son radicales pero, en el mejor de los casos, parte de la respuesta. Sus dos principales rivales fueron vagos”, dice The Economist.

Narra cómo la prosperidad de Guanajuato, una vez pensada para disuadir el crimen, “ahora parece estar atrayéndola. El sur del estado es parte de un corredor industrial que se extiende desde Aguascalientes hasta Querétaro. Las fábricas en la región producen automóviles y otros bienes para la exportación libre de aranceles a los Estados Unidos y Canadá en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Una cuarta parte de la fuerza de trabajo de Guanajuato se emplea en la fabricación”.

Los grupos criminales de Jalisco y Michoacán se trasladaron al estado a partir de 2015, agrega. “El mayor generador de dinero es el robo de combustible. Casi una quinta parte de los casos registrados ocurren en Guanajuato”.

Detalla el problema de los huachicoleros que pelean entre sí por el botín.

“Otro problema es la coordinación. México tiene fuerzas de policías municipales, estatales y federales, además del ejército, que los presidentes Calderón y Peña presionaron para que actuaran contra los criminales. En muchos estados, la policía municipal y estatal no usa las mismas frecuencias de radio y, por lo tanto, no puede comunicarse. Al Ejército le molesta que le pidan que persiga a delincuentes, un trabajo que cree que la policía debería hacer. La policía municipal, acostumbrada a emitir multas de tránsito y perseguir ladrones, se encuentran investigando el robo de combustible, que es un delito federal”, detalla la publicación inglesa.

(Con información de The Economist, vía Sin Embargo)