Estrategia de Seguridad de Peña genera más crímenes

La estrategia nacional para dar prioridad al combate contra el crimen en los 50 municipios con mayores índices de homicidios dolosos en el país tampoco dio los resultados que prometió el Gobierno federal, y sólo en 2017 el número de carpetas de investigación por ese delito alcanzó a nivel nacional una cifra histórica de 25 mil 339 casos, cuando un año antes se reportaron 20 mil 547.

En el caso de los 50 prioritarios se dio un repunte promedio de 19 por ciento entre 2016 a 2017, cuando las carpetas pasaron de 8 mil 895 a 10 mil 597.

El 30 de agosto de 2016, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció la que sería su estrategia para controlar la ola de homicidios en el país.

“Hoy quiero, nuevamente, reiterarlo: las Fuerzas Federales estarán invariablemente ahí, donde se necesite para ofrecer respaldo a las policías locales, de manera subsidiaria y temporal, no para suplirlas, ni reemplazarlas”, dijo Peña Nieto durante la 40 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

“He dado indicaciones al Gabinete de Seguridad para que, en estrecha coordinación con las autoridades locales, se ponga en marcha una estrategia de atención integral a los 50 municipios que concentran el 42 por ciento de los homicidios dolosos que hoy se están cometiendo en el país”, añadió entonces.

Sin embargo, un año y tres meses después el país enfrenta su peor crisis de homicidios. Cifras oficiales indicaron que 2017 cerró con una cifra récord en carpetas de investigación no vista desde que inició el registro oficial en 1997.

Pese a que la Secretaría de Gobernación (Segob) no anunció junto con la estrategia a los municipios que reforzaría, ese 2016 acabó con un listado de los 50 municipios con más homicidios que no variaba demasiado en comparación a julio de ese año, un mes antes del anuncio de la estrategia: 45 de los 50 municipios con más carpetas por homicidio doloso se repitieron en ambas fechas, salvo por Tecamac, Estado de México; Reynosa y Nuevo Laredo, Tamaulipas, así como Tecate y La Paz, Baja California.

La siguiente lista muestra los cambios de las carpetas de investigación de los municipios con mayores índices de homicidios en el país en el año en que Peña Nieto anunció la directriz y el cúmulo de los siguientes 12 meses.

En conjunto los 50 municipios más violentos presentaron un aumento promedio de 19 por ciento de 2016 a 2017, cuando las carpetas pasaron de 8 mil 895 a 10 mil 597.

Y el rango mortal para entrar en este ranking también se elevó a final de 2016: Torreón, Coahuila, era el municipio número 50 del top con 78 casos, y en 2017 ocupó el mismo lugar pero ahora con 94 carpetas de investigación. Mientras que el que mayor número de homicidios dolosos en 2016 se presentaba en Acapulco con 918 carpetas de investigación, un año después el lugar fue ocupado por Tijuana que presentó 1618 carpetas de investigación por ese delito.

Entre los 50 municipios con más asesinatos en 2016, los que presentaron un mayor aumento un año más tarde fueron Chilapa, Guerrero, donde hubo un incremento de 108 por ciento; Tijuana, Baja California, con un repunte de 85.55 por ciento; León, Guanajuato, con 73.5 por ciento; La Paz, Baja California Sur, con 71.5 por ciento; Benito Juárez, Quintana Roo, con 68 por ciento, y Centro, Tabasco, con un alza de 59.2 por ciento en asesinatos dolosos.

¿Por qué no funcionó la estrategia?

María Eugenia Suárez, investigadora de la Universidad de Guadalajara (UDG), explicó que la estrategia contra los asesinatos no se enfrenta de acuerdo a cada territorio y se descuidaron las políticas locales.

“Lo que podría decir es que existe esta idea errónea de que todos los homicidios están asociados a la delincuencia organizada y no les permiten comprender de manera más compleja cómo se están expresando diversos tipos de violencia en el país.

Y también es muy preocupante que consideren que la única manera tenga que ver con el rol de la Policía Federal. Y que descuiden a las políticas municipales, y que no sean éstas las que trabajen en una disuasión focalizada”, expuso.

Édgar Cortez Moralez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C (IMDHD), coincidió en que no es posible atribuir la ola de homicidios dolosos al crimen organizado.

“Yo creo que un porcentaje se le puede atribuir, el problema es que no tenemos las mediaciones para tener una respuesta más precisa, porque por un lado tendríamos que tener una policía que investiga. Hasta ahora no se ha logrado desarrollar un sistema de inteligencia que pueda anticiparse a las posibles crisis”, dijo.

Sin embargo, organizaciones civiles como el Semáforo Delictivo apuntalan que al menos en el 2017 el 75 por ciento de las ejecuciones correspondieron a ejecuciones por parte del grupos del crimen organizado.

La Procuraduría General de la República (PGR) reconoce la operación de nueve cárteles del crimen organizado, de acuerdo con un reporte de la dependencia de octubre pasado. Y hasta ahora el Gobierno de Peña Nieto ha optado por continuar el choque frontal de estos grupos mediante el uso de las Fuerzas Armadas, una acción iniciada por Felipe Calderón Hinojosa en diciembre de 2006.

Yo me iría con el hecho de que seguir con este esquema lo único que hace es perpetuar la problemática con raíces estructurales”, dijo Eruviel Tirado Cervantes, profesor de la Universidad Iberoamericana.

(Con información de Sin Embargo)