Entran en vigor los incentivos fiscales por ‘nearshoring’
Los sectores beneficiados son los de componentes electrónicos, semiconductores, baterías, motores, fertilizantes, farmacéutica, agroindustria, médicos y cinematografía
Ciudad de México. Los sectores de componentes electrónicos, semiconductores, baterías, motores, equipo eléctrico/electrónico, fertilizantes, farmacéutica, agroindustria, instrumentos médicos y cinematografía podrán beneficiarse de la deducción acelerada de inversiones, que varía de 56 por ciento a 89 por ciento en 2023 y 2024; y de un recorte adicional de 25 por ciento durante tres años para gastos de capacitación de trabajadores.
Los sectores beneficiados fueron seleccionados con base en cuatro criterios: que fueran de alta productividad; con vocación exportadora; que tengan impacto del sector en la economía por conducto de efectos multiplicadores, y capacidad para atender un aumento en la demanda de exportaciones hacia Estados Unidos como consecuencia de una potencial reducción del flujo comercial desde otras regiones, se detalla en el DOF.
Los incentivos ―que entran en vigor este 12 de octubre― están disponibles en todos los estados y municipios del país, explicó en una publicación de redes sociales el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González. Aplicarán lo que resta de 2023 y se extenderán a 2024 y 2025, pese al déficit fiscal con el que navegará la actual administración en su último año de gobierno.
Los beneficios sólo aplicarán a las empresas exportadoras que pertenezcan a los sectores identificados como clave, enfatiza el decreto. El objetivo es ubicar a México como un destino favorable para establecer sus operaciones y aprovechar los incentivos fiscales otorgados, dado que “la actividad exportadora aumenta el ingreso de divisas al país y mejora la balanza comercial, lo que a su vez aumenta la confianza de inversionistas y socios comerciales en el país”, argumentó.
Las empresas que busquen este beneficio deben acreditar que más de 50 por ciento de sus ingresos provienen de exportaciones. Y, “con el fin de facilitar el control por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT)”, las beneficiarias deben llevar un registro específico de las inversiones por las que se aplicó la deducción inmediata. El organismo fiscalizador podrá emitir las reglas de carácter general necesarias para la debida y correcta aplicación de este decreto, explicó Hacienda.
(Con información de La Jornada)
