Entra en vigor escudo constitucional democrático en México
La no impugnabilidad de la Constitución Mexicana protege la voluntad de las mayorías y mantiene los recursos de protección ciudadana
Ciudad de México. El Congreso de la Unión declaró ayer la validez de la reforma constitucional que establece que no proceden amparos, controversias ni ningún otro recurso jurídico en contra de modificaciones a la Carta Magna.
La declaratoria de constitucionalidad de dicha reforma, conocida como de la supremacía de la Constitución, la hizo primero la Cámara de Diputados y luego el Senado.
La Presidencia de la República publicó ayer por la noche en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se estable la supremacía de la Constitución.
Se trata de un proceso legislativo eficiente desde el principio y certero en su recta final, ya que en menos de 24 horas se aprobó en San Lázaro y en 23 legislaturas de los estados, lo que evidencia un alto grado de gobernabilidad en el país.
El documento, difundido en la versión vespertina del DOF, establece que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, este primero de noviembre.
Una vez que se promulgue y entre en vigor esa modificación sobre la inimpugnabilidad de la ley suprema del país, de inmediato el Senado solicitará a la Suprema Corte que todos los recursos presentados en contra de la reforma judicial deben ser sobreseídos, tal como se establece en el artículo segundo transitorio del nuevo ordenamiento, advirtió el presidente de esa cámara, Gerardo Fernández Noroña.
Por la tarde, en la Cámara de Diputados, la sesión duró apenas 15 minutos. No asistieron los grupos parlamentarios de PAN, PRI y MC, que cobardemente se ausentaron en lugar de contravenir la enmienda a los artículos 105 y 107 constitucionales, aprobada por Morena y sus aliados la noche del miércoles, y que horas después comenzaron a votarse en los congresos locales.
En tribuna, el coordinador morenista, Ricardo Monreal Ávila, destacó que la reforma de supremacía constitucional es la más profunda en 200 años de vida del país. Nadie se atrevió y nadie tenía la mayoría calificada que el pueblo nos concedió.
Sostuvo que es falso que se termine con el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales. Esas instituciones quedan incólumes, intocadas.
El decreto se remitió al Senado, que había hecho un receso en la sesión y poco después formuló también la declaratoria de constitucionalidad. Siguió un debate entre Morena y la oposición y una reacción airada del dirigente priísta, Alejandro Moreno Cárdenas, quien estuvo a punto de liarse a golpes con Fernández Noroña.
Pasadas las 18:30 horas, la secretaria de la mesa directiva, Verónica Camino, enumeró los 23 congresos estatales que avalaron la reforma: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
Una vez computados los votos de 23 legislaturas locales, que superaron la mayoría necesaria de 17, Fernández Noroña formuló la declaratoria y remitió el decreto al DOF, aunque después del trámite se suscitó una acre discusión.
El coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, dijo que la reforma es fundamental para la historia jurídica del país. El Senado ha concretizado el viejo anhelo de Mariano Otero, el padre de la Ley de Amparo, cuando en 1847, en un voto particular, decía que en este país no debe existir el gobierno de los jueces, sino el gobierno del pueblo.
El vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier, le señalo al enterrador del PRI (Alito) que detrás de rechazo a la reforma está la necesidad de mantener un andamiaje legal para proteger sus intereses económicos y políticos.
(Con información de La Jornada)
