El despojo como política de Estado
El despojo de tierras se ha convertido en una “política pública” de los gobiernos: federal, estatal y municipales, no solo en el Estado de México sin todo el país donde terrenos propiedad, desde hace decenas de años, de familias de bajos recursos, son arrebatados a sus dueños.
En Edomex, reporta la revista Proceso, este procedimiento se ha adoptado para facilitar a los empresarios la construcción y desarrollo de obras de infraestructura que ofrecen como públicas pero que en realidad son concesionadas.
En Quintana Roo, el gobierno del estado ha efectuado el despojo de tierras de alta plusvalía en la zona costera de Tulum y de otros municipios.
Igualmente se ha procedido en diversas entidades para favorecer lo mismo a empresas mineras que constructoras, o grandes consorcios empresariales.
Recientemente, Chimalhuacán, San Pedro Tultepec y Valle de Bravo se han sumado a Atenco, Xochicuautla, Coyotepec, San Francisco Magú y Tecámac para garantizar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), autopistas operadas por Higa u OHL, el tren interurbano, Plazas Estado de México, Ciudades Bicentenario o complejos habitacionales.
“Dos centenas de ejidatarios de Chimalhuacán denunciaron el despojo de 450 hectáreas, a través de Irma Lorena Roa López, jefe de Departamento de Control y Validación Documental, y Mario Vázquez, quienes ofrecieron a los dueños “gratificaciones por cuidar los terrenos del gobierno” mediante un convenio de “no ocupar o desocupar”, a cambio del pago de entre 10 y 65 pesos por metro cuadrado.
“Al firmar los convenios, los funcionarios solicitaron a los propietarios documentos originales de contratos de compraventa, inmatriculaciones, escrituras públicas, títulos primordiales de 1895, traslados de dominio, recibos de impuesto predial, contratos privados, etc. En caso de oponerse, amenazaron con el desalojo por parte de la Policía y el Ejército.
“Los afectados promovieron denuncias penales y amparos que se encuentran en proceso, pero de los que dos ya fueron ganados, de tal manera que los Tribunales ordenaron a la Legislatura local reintegrar las tierras a sus legítimos propietarios –María del Rosario Zedillo Méndez y Rosa Jiménez Tenorio–, lo que ocurrió el 12 de julio pasado sin que, hasta ahora, les haya sido reintegrada físicamente su propiedad, conforme lo advirtió Juan Loreto González, representante legal de los afectados.
“Por estos terrenos además cruza la autopista de OHL para comunicar la terminal aérea, pero tampoco han sido indemnizados sus dueños con la construcción de cuatro puentes peatonales, como se comprometió la firma española.
“En tanto, Tomás Cruz, dirigente de la Coalición de Organizaciones Urbanas y Campesinas (Coduc) Chimalhuacán, alertó que al considerar que tiene perdida la batalla jurídica, el gobierno federal constituyó a Antorcha Campesina como grupo de choque, al asignarle, mediante el Diario Oficial de la Federación, 20 hectáreas de la zona afectada para construir una Universidad Politécnica y, el 21 de julio, 30 hectáreas más para un centro deportivo y 150 adicionales para un parque industrial” señala Proceso. (Lea el reportaje completo en www.proceso.com.mx)
