Desconfían de los estados por agresión a periodistas
El consejo consultivo del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos advirtió acerca de los riesgos de adoptar medidas precipitadas sólo por salir de paso de la crisis política derivada de la reciente etapa de asesinatos a integrantes de estos grupos.
Los nueve consejeros alertan, en principio, de los peligros de crear mecanismos estatales, porque es en lo local donde se registra el mayor número de agresiones e impunidad.
«Muchos de los ataques a periodistas y defensores provienen de funcionarios locales y estatales. Entonces, sería contraproducente dar a esas autoridades locales la posibilidad de evaluar el riesgo, de adoptar medidas», dijo a La Jornada Alejandra Nuño Ruiz-Velasco, presidenta de este consejo, órgano de consulta de la junta de gobierno del mecanismo federal, operado por la Secretaría de Gobernación (SG).
En el último año del sexenio pasado (2006-2012), en un contexto de violencia sin precedentes, entró en vigor la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Medidas ordinarias y extraordinarias
La normativa prevé la creación y operación de un mecanismo el cual –a su vez– emite medidas ordinarias y extraordinarias de prevención y protección. Las decisiones más importantes son tomadas por una junta de gobierno, integrada por cuatro dependencias federales (Gobernación, Procuraduría General de la República, Comisión Nacional de Seguridad y cancillería), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cuatro integrantes del citado consejo consultivo.
Como invitados están enviados representantes de Naciones Unidas, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), así como miembros de los poderes Legislativo y Judicial.
Acorde con el más reciente informe del mecanismo, hay 538 beneficiarios del mismo, quienes han recibido atención y protección en diversos niveles, desde «botones» de alerta, cámaras de vigilancia para su domicilio o lugar de trabajo y vehículos blindados, hasta escoltas y cambio urgente de residencia.
El contexto es sombrío: la principal fuente de agresión y amenazas son servidores públicos (policías, funcionarios, agentes, etcétera); ha habido secuestros, desapariciones y asesinatos para estos grupos, pero al menos 90 por ciento de los casos, según la cifra más conservadora de las autoridades, sigue impune, aunque «las organizaciones de la sociedad civil que es aún mayor esta cifra», refiere el citado consejo.
Al mecanismo en cuestión no le fue asignado presupuesto para 2017 y, hasta el momento, trabaja con remanentes de su fideicomiso el cual también ha visto reducido en 31.2 por ciento su ingreso, al pasar de 127.5 millones de pesos en 2013 a 88.9 millones en 2016 y, como se dijo, cero pesos para el año actual.
Aunque algunos de sus miembros e incluso el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, habían advertido esta circunstancia y el riesgo de no poder operar más, por razones económicas, fue hasta la ola de homicidios cometidos en semanas recientes cuando se puso atención a este punto en las más altas esferas del gobierno federal.
En lo que va de este año han sido asesinados siete comunicadores y, al menos 126 de 2000 a la fecha, según cálculos de la CNDH.
Otros países de la región con mecanismos de protección son Colombia (de donde se tomó el modelo mexicano) Honduras y Guatemala.
Reuniones y propuestas
El homicidio del escritor y corresponsal de La Jornada, Javier Valdez, el 15 de mayo pasado, en Culiacán, Sinaloa, desató una serie de reuniones; dos días después, los gobernadores fueron a Los Pinos para hablar con el presidente Peña Nieto.
Allí, los mandatarios estatales, en voz del presidente en turno de la Conago, Miguel Ángel Mancera, se pronunciaron por crear u homologar fiscalías o áreas especializadas de protección a estos grupos de la población; también construir mapas estatales de riesgo y «establecer mecanismos de protección» con base en un protocolo unificado.
Sin embargo, el consejo consultivo del mecanismo sugiere no dejarse tentar por medidas prematuras.
«Compartimos los temas convergentes y nuestras reflexiones a fin de que puedan abonar hacia la discusión nacional que ha estallado y que creemos puede ser muy constructiva si se toma con seriedad y no se tienta por medidas prematuras que pueden no ser adecuadas», se indica en un pronunciamiento de los nueve consejeros, tras reunirse con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la semana que concluye.
Tras un amplio balance destaca que lo relevante tanto de la fiscalía especializada para la atención de delitos contra la libertad de expresión, de la PGR, como las fiscalías de todas las entidades «han demostrado una incapacidad para afrontar estos crímenes. La simulación, la incompetencia y la complicidad pueden ser alguno de los factores para tener estos resultados».
Por ello, anota Nuño-Ruiz Velasco, la intención de crear otras estructuras, así como mapas de riesgo (geolocalización de posibles agentes agresores, incluso cuando estos sean los propios servidores públicos) hace imprescindible que sus integrantes se encuentren sólidamente formados en derechos humanos e investigación criminal, pero sobre todo deben ser autónomos e incorruptibles.
En principio se debería fortalecer al mecanismo federal, el cual tiene sólo una plantilla de 30 trabajadores, ante un número creciente de amenazas contra periodistas y defensores. El objetivo es hacer una correcta incorporación de personas al mecanismo y, sobre todo, una justa evaluación de riesgo y de permanencia en el esquema.
Es por ello, subraya el consejo, que el anuncio de crear unidades estatales de protección a periodistas y defensores «no debe ser interpretado como la creación de mecanismos locales» por lo antes expuesto, pero también porque son los propios estados los que han demostrado falta de colaboración para la prevención de los crímenes.
(Con información de La Jornada)
