Desarticula FGR la red de corrupción en Liconsa

Judicializan 6 carpetas de investigación, obtienen 54 órdenes de aprehensión, e inician proceso penal contra 17 implicados

Ciudad de México. En el gran fraude cometido contra Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) entre 2019 y 2020 a través de las empresas paraestatales Liconsa y Diconsa por más de 15 mil millones de pesos, la Fiscalía General de la República (FGR) ha judicializado ya seis de 39 carpetas de investigación, obtenido 54 órdenes de aprehensión, y se ha iniciado proceso penal en contra de 17 implicados en lo que denominó “una organización criminal dedicada a distraer recursos públicos que estaban destinados a la adquisición de productos lácteos y de canasta básica que beneficiarían a los sectores más pobres y vulnerables del país”.

En la red de corrupción participaron ex funcionarios, empresarios y personas físicas, refieren las indagatorias y pruebas obtenidas por la FGR, así como denuncias y elementos aportados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las cuales han sido presentadas ante jueces federales.

La FGR documentó la red delictiva en la causa penal 111/2023, a cuya evidencia tuvo acceso La Jornada, y que fue analizada judicialmente los días 27 y 28 de marzo durante la audiencia inicial y los días 2 y 3 de abril durante la etapa de imputación ante el juez Gregorio Salazar Fernández en instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal, en Almoloya de Juárez.
Estructura delictiva

En la causa 111/2023, la FGR informó judicialmente la existencia de un fraude por 435 millones 124 mil 979 pesos, y el desvío de más de 520 mil litros de leche líquida con valor de mil 251 millones 968 mil 743 pesos.

En las audiencias la FGR dio a conocer a los que “prepararon, celebraron y ejecutaron” los convenios con los que se simularon la compra y producción de bienes; y los señala de ser “artífices de tramitar la suficiencia presupuestal para cubrir los pagos y liquidar los contratos sin que exista prueba alguna de la recepción de bienes, y también de haber articulado la dispersión de recursos”.

El grupo delictivo, según la FGR, fue encabezado por René Gavira Segreste, ex director de Administración y Finanzas de Segalmex, y Manuel Lozano Jiménez, ex director comercial de esa institución. Ambos eran los hombres más cercanos al ex director de Segalmex, Ignacio Ovalle Fernández, quien por decisión presidencial fue designado titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

En la organización delictiva también participó, según la FGR, Bernardo Fernández Sánchez, ex director de operaciones de Liconsa. Antes de convertirse en funcionario fungió, del 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2018, como director corporativo de Grupo Kosmos, el más grande conglomerado de empresas dedicadas a prestar servicios de alimentación en comedores institucionales y a la elaboración de despensas.

El juez de control Gregorio Salazar Hernández determinó: “la organización delictiva innominada operó de manera reiterada desde 2018 hasta 2021”.

Para lograr su objetivo, la red de corrupción se dividió en niveles: los líderes, Gavira, Lozano y Fernández; en el segundo nivel ocho directivos de Segalmex, Liconsa y Diconsa; en el tercer escalón dos empresas fachada: Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna SA de CV (Coprolac) y Grupo Vicente Suárez 73 SA de CV; y una decena de empresas y personas físicas que sirvieron para dispersar los recursos ilícitamente obtenidos.

Causas penales en curso

El caso Segalmex constituye el mayor desvío de recursos detectado por esta administración. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) ha judicializado seis indagatorias.

Como parte de la información que en exclusiva obtuvo La Jornada respecto de la audiencia de la causa penal 111/2023, se revela que se han iniciado tres juicios contra Gavira Segreste, el más alto funcionario hasta ahora acusado de estos desvíos de recursos. Una por haber “invertido” 100 millones de pesos en bonos bursátiles. El segundo caso, por adquirir otros 700 millones de pesos en las acciones financieras. Los recursos federales se recuperaron, no así los intereses generados. La tercera por defraudación fiscal por 2 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2019. En esos casos jueces federales han permitido que enfrentara sus procesos en libertad al considerar que no huiría. Están vigentes dos órdenes de captura por delincuencia organizada y lavado de dinero.

En los casos contra Gavira se enjuicia también a cuatro operadores bursátiles.

En la causa penal 334/2022 en contra de Martín del Castillo Toledo, ex director de Administración y Finanzas de Segalmex, se encuentra vinculado a proceso por enriquecimiento ilícito al incrementar sus bienes en más de 30 millones de pesos. Enfrenta su proceso penal en libertad porque el delito no fue calificado por el juez como grave.

Asimismo, se inició la causa penal 44/2023 en contra de 22 personas por la compra simulada de 7 mil 800 toneladas de azúcar con valor de 182 millones de pesos a través de un convenio con la empresa Servicios Integrales Carregín.

En este caso están presos 11 involucrados. Entre los ex funcionarios acusados destaca Jorge Humberto González Bocardo, ex coordinador de operaciones de Diconsa. Por parte de Carregín, el apoderado legal, Javier Adán Jiménez Tinoco, y el ex administrador José Miguel Ojeda Antonio.

La más reciente causa penal es la 111/2023, hasta el momento la indagatoria de mayor impacto financiero. En ella se solicitaron y obtuvieron 26 órdenes de aprehensión por la compra simulada de millones de litros de leche en polvo a las empresas Grupo Vicente Suárez 73 SA de CV y Coprolac. La afectación al erario asciende a mil 687 millones 93 mil 722 pesos.

Red de complicidad

En el grupo delictivo dirigido por René Gavira, Manuel Lozano y Bernardo Fernández Sánchez participó el ex funcionario Hugo Buen Tello Carbonel, subdirector de producción de Liconsa, quien se desempeñó como director de operaciones de la empresa gasolinera Gulf de México.

También Carlos Norberto Valero Flores, ex subdirector de aseguramiento de calidad en Liconsa, y quien en su declaración patrimonial de este año señala que se de-sempeña como subdirector general de administración en el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot). Fue dejado en libertad por el juez Gregorio Salazar Hernández en la acusación relacionada con la adquisición de leche en polvo.

Asimismo, Elba Xóchitl Rodríguez Pérez, ex jefa de departamento en la Unidad Jurídica de Segalmex. Puesta en libertad en la causa penal 111/2023.

Jesús Óscar Navarro Gárate, ex titular de Administración y Finanzas en Segalmex, también fue dejado en libertad por falta de elementos para procesar, según el juez Salazar Hernández.

Carlos Dávila Amerena, ex director jurídico de Segalmex, institución a la que ingresó el 12 de diciembre de 2018, fue dejado en libertad por un juez federal en cuanto a la acusación de haber participado en la compra simulada de 7 mil 800 toneladas de azúcar. No ha sido detenido por la causa 111/2023.

Juan Bautista Rojas Fontes, ex gerente de control presupuestal de la Unidad de Finanzas de Segalmex, enfrenta dos órdenes de aprehensión.

Christian José Jiménez Costas, director de maquila y compra de leche en Diconsa, no fue vinculado a proceso en la causa 111/2023. Reportes de la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo ubican como director general de recursos materiales y servicios generales en la Secretaría de Salud desde el 1 de octubre de 2021.

Enrique Zamorano Solís, ex jefe del Departamento de Análisis Financiero de Segalmex, no fue vinculado a proceso.

Los representantes de la FGR argumentaron ante el juez que ex funcionarios fueron acusados de participar en la organización delictiva, ya que elaboraron “informes o escritos señalando irregularidades de manera extemporánea y no los excluyen de responsabilidad en el menoscabo del patrimonio de Diconsa y Liconsa”; además, sus informes y denuncias fueron presentados luego de haber transcurrido más de un año de conocer los incumplimientos y cuando ya se había consumado el pago a las empresas.

(Con información de La Jornada)