Defiende SE a extranjeros antes que a autóctonos mexicanos
Ciudad de México. El titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal, interpuso un recurso de revisión en contra del amparo otorgado por la justicia federal al pueblo Júba Wajiín, del municipio de Malinaltepec en la Montaña de Guerrero, para impedir que sus tierras sean concesionadas a empresas mineras.
La representación legal de la dependencia federal promovió el alegato jurídico este jueves 3, ante el Juzgado Primero de Distrito con sede en la ciudad de Chilpancingo, indican informes oficiales consultados por Apro.
El acuerdo publicado el viernes 4, indica que la SE interpuso un recurso de revisión en contra de la resolución dictada el pasado 28 de junio por la juez federal, Estela Platero Salado -dentro del juicio de amparo 429/2016- en la que el pueblo Júba Wajiín obtuvo la protección en contra de la Declaratoria de Libertad de Terrenos del gobierno federal que consideraba su territorio libre para la actividad minera.
El recurso de revisión de la SE fue turnado al Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa del Vigésimo Primer Circuito con sede en el puerto de Acapulco, indica el informe oficial al que tuvo acceso Proceso.
Este viernes 4, apro publicó un reportaje titulado “El pueblo Júba Wajiín: la lucha contra el gobierno y las mineras”, en el que se advierte que a diferencia de la población mestiza que habita en las regiones Centro, Tierra Caliente y Zona Norte donde el gobierno estatal, inversionistas y la delincuencia impusieron a sangre y fuego proyectos mineros, una comunidad indígena de la Montaña emprendió desde 2011 una lucha legal para evitar que sus tierras fueran concesionadas de manera unilateral a las empresas trasnacionales.
Durante los últimos siete años, los indígenas Me’phaa (tlapanecos), que habitan en la comunidad Júba Wajiín (San Miguel del Progreso del municipio de Malinaltepec), y bajo la asesoría legal del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, han obtenido dos amparos de la justicia federal que prácticamente dejaron sin efecto el proyecto minero denominado Corazón de Tinieblas en las regiones de la Montaña y Costa Chica.
Así como la posibilidad de que el gobierno federal otorgue concesiones mineras a particulares en esa franja de la entidad.
Ello debido a que, en 2010, la Secretaría de Economía otorgó 44 concesiones a la empresa británica Hochschild y la mexicana Zalamera para explotar durante 50 años el oro de una extensión que abarca el 84 del territorio Júba Wajiín.
También, en 2015, la misma dependencia declaró “zona libre para la actividad minera la región Montaña y Costa Chica.
Todo esto, sin el consentimiento de la comunidad indígena que aglutina 20 núcleos agrarios de la Montaña y Costa Chica.
En su argumento ante los jueces federales, el pueblo Me´phaa indicó que su batalla no solo es de tipo legal sino por el respeto a su identidad y cosmovisión indígena porque “en los cerros hablamos con Mba’tsún (el fuego); Begóo (el rayo y la lluvia); y Kumbaa (la madre Tierra)”.
Es decir, la actividad minera que se pretendía realizar a cielo abierto para extraer oro, acabaría con la herencia cultural de sus antepasados, indicaron.
Los abogados de Tlachinollan, señalaron que de esta forma se cancela la posibilidad de que cualquier empresa interesada en la explotación minera pueda llegar y pedir concesiones sobre esos lotes.
En todo caso, señalaron, las empresas y el gobierno federal deberán realizar los trámites de concesión respetando los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos el derecho al territorio y a la consulta previa que sea libre, informada y culturalmente adecuada, cumpliendo así con los más altos estándares internacionales en la materia, indicaron.
No obstante, a poco más de un mes del amparo otorgado por la justicia federal, la SE decidió hacer uso de su derecho constitucional para tratar de revertir el fallo y seguir insistiendo en promover concesiones para desarrollos mineros en las tierras del pueblo Júba Wajiín.
(Con información de proceso.com.mx)
