Crece ‘lawfare’ contra gobierno de Claudia Sheinbaum
Juzgados y tribunales además de amparos inconstitucionales, ahora piden que la SCJN o el TEPJF definan sobre reforma judicial
Ciudad de México. Un tribunal colegiado con sede en el estado de Colima solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelva si es de su competencia o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolver las impugnaciones presentadas en contra de las suspensiones que se han otorgado y que tienen relación con el proceso de elección de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF), el cual debe llevarse a cabo en junio de 2025.
De esta manera el máximo tribunal del país dio entrada a la petición del tribunal colegiado y ordenó que el caso sea turnado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, para que formule un proyecto de sentencia.
A través de la Lista de Acuerdos de la Primera Sala se notificó que mediante el expediente 3/2024 se ordenó “formar y registrar los expedientes impreso y electrónico de la solicitud de ejercicio de la facultad prevista en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que señala que la Corte podrá “conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las Salas de la SCJN, y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Por ello se requirió toda la documentación relacionada con este caso al Tribunal Colegiado promovente y se ordena dar vista a la Sala Superior del TEPJF, para que rinda su informe y exhiba los documentos en los que consten las actuaciones controvertidas y los que estimen pertinentes.
Como tercer punto del acuerdo el expediente se turnó al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, conforme al turno por decanato que se lleva en la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN, a fin de que formule el proyecto de resolución y dé cuenta con éste al Pleno de la Corte.
A este respecto es de mencionar que el el titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, Francisco Javier García Contreras, ha otorgado al menos cuatro suspensiones en contra de la aplicación de la reforma al Poder Judicial de la Federación, y los expedientes han recaído para su revisión en el Tribunal Colegiado.
La Jufed acelera sus ataques
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) rechazó las expresiones de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de no eliminar la publicación del decreto de la reforma judicial, pues a consideración de la organización de impartidores de justicia, “adelanta un incumplimiento de mandato suspensión ordenado por una jueza federal, discrecionalidad que la Constitución federal y su ley reglamentaria, no reconoce para las autoridades responsables”.
La organización que encabeza la jueza Juana Fuentes Velázquez, expuso a través de un comunicado de prensa que no cumplir las determinaciones de jueces federales “se está convirtiendo en un ejercicio sistemático de no acatamiento a las suspensiones dictadas por el Poder Judicial de la Federación, que implica un grave riesgo para la protección de los derechos fundamentales de cualquier gobernado”.
Si pero no, dice juzgador de Querétaro
El juzgado quinto de distrito en materia de amparo civil, administrativo y del trabajo, con sede en Querétaro, consideró, a diferencia de la jueza Nancy Juárez, que no se puede otorgar una suspensión definitiva en contra de la publicación del decreto de la reforma al Poder Judicial y tampoco se puede otorgar una medida cautelar en contra de la entrega de listas de juzgadores al Senado, porque en ambos casos ya son hechos consumados al igual que el proceso de insaculación.
Pero en el juicio de amparo 1082/2024, ordena que no se emitan ni se ejecuten actos “tendentes a remover a las personas juzgadoras y demás integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) de los cargos que desempeñan ni reducir las remuneraciones que actualmente perciben, con base en las disposiciones combatidas”.
Ordena a la Cámara de Diputados, que “en los presupuestos de egresos que correspondan, deberá prever los ingresos de la misma forma en que se ha venido haciendo, con los ajustes presupuestales relativos, para que en la partida respectiva se contemplen los mismos salarios y prestaciones que rigen en el presente año y los incrementos de acuerdo con el fenómeno de la inflación” para los trabajadores del PJF.
(Con información de La Jornada)
