Corrupción al máximo en despojo de predio de Los Cabos

El procedimiento de enajenación de un predio rústico de 293 hectáreas ubicado en el corredor turístico de Los Cabos, a unos kilómetros del Aeropuerto Internacional de esa zona turística –considerada como uno de los polos de desarrollo regional más importantes del país–, debió resolverse en tres años, pero se ha prolongado por más de tres lustros.

En la historia del despojo en torno a esa superficie conocida como Las Brisas de San Cristóbal, en la costa de Cabo San Lucas Baja California Sur –y las irregularidades subsecuentes–, se conjugan los intereses empresariales de Gina Diez Barroso Azcárraga, prima del presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, la negligencia o complicidad de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la entidad y a nivel federal, así como los de los gobiernos municipal y estatal, que han apoyado a poderosas compañías inmobiliarias.

Baja California Sur es una de las entidades con mayor número de problemas de regularización de lo que antes se llamaban “terrenos nacionales”. De acuerdo con expedientes consultados por Proceso, el solicitante original de la propiedad de Las Brisas, Ramón Orozco Burgoin, inició en 2002 el trámite de titulación de esos “terrenos nacionales” ante la desaparecida Secretaría de la Reforma Agraria.

Expuso que el predio lo obtuvieron sus abuelos desde 1914 por su apoyo a la Revolución Mexicana; incluso entregó documentos a las autoridades para comprobar la presunta posesión de esas tierras, que tienen acceso al mar y cuyo valor catastral se cotiza en varios millones de dólares. El que acredita la propiedad de Orozco Burgoin corresponde a un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 1987, hace más de tres décadas.

En 2004, dos años después de que Orozco Burgoin inició su trámite, la empresa Las Demasías promovió una acción similar con un predio colindante, pero sin acceso al mar. El propósito era apoderarse del predio de Orozco Burgoin y derivó en varios actos jurídicos. La inmobiliaria falsificó firmas y documentos para justificar la cesión de derechos ante la autoridad municipal, que se prestó a ese fraude.

De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad, el Consejo de Administración de Las Demasías –constituida en octubre de 2004– lo integran Enrique Ricardo Gómez de Orozco González, presidente; Juan Alejandro Muciño Labastida, tesorero; Gina Lorenza Diez Barroso Azcárraga, protesorera; Ricardo Lara Marín, secretario, y Abraham Franklin Silverstein, prosecretario.

Meses después de la constitución de Las Demasías, Héctor Martín Ojeda de la Rosa publicó su libro Baja California Sur ante la corte gringa, en el que asevera: “Otro par de tiburones de las especulaciones mercantiles se entrevistaron con el gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez, del Partido de la Revolución Democrática, para presentarle un proyecto en el mismo lugar, en el mismo terreno, con diferente escritura y clave catastral, pero con las mismas coordenadas geográficas” que el predio de Orozco Burgoin.

Los desarrolladores aludidos por Ojeda de la Rosa eran Ernesto Coppel, de la firma Pueblo Bonito, y Luis Bulnes, de Solmar & Playa Resorts, quienes se entrevistaron con el entonces gobernador.

Con un título de propiedad falso y con el apoyo del perredista Agúndez, los empresarios inmobiliarios tomaron indebidamente la mitad del predio que nos les correspondía, con lo cual despojaron a Orozco Burgoin y su familia bajo el pretexto de una supuesta cesión de derechos.

La denuncia por despojo fue presentada por los abogados del afectado en 2009, quienes acusan a Jesús Rubio Ruiz, abogado de la inmobiliaria, de presentar ante la Secretaría de la Reforma Agraria un documento con la firma falsa de su cliente, Orozco Burgoin –en la que éste presuntamente cedió los derechos de su propiedad–, así como de cometer otras irregularidades dentro del proceso administrativo, según lo descubrió el topógrafo Jacinto Romero.

Suma de irregularidades

Durante la administración de Enrique Peña Nieto, los abogados de Orozco Burgoin enfrentaron una serie de negligencias e irregularidades por parte de la Sedatu, sobre todo cuando Rosario Robles estuvo al frente de la dependencia federal: los siete tomos del historial del predio se “quemaron” en el trayecto debido a un accidente del servicio Mex Post.

Así lo confirma un documento fechado el 19 de enero de 2016, firmado por Luis Armando Bastarrachea, director general de la Propiedad Rural, quien le comentó a Orozco Burgoin que “diversa información y documentación” que esta dependencia envió mediante el servicio de Mex Post de Correos de México los días 15 y 16 de octubre (de 2015) se perdió porque “el vehículo en el que se transportaba esta documentación sufrió un siniestro con pérdida total”. En este envío “se encontraba el expediente” de su caso.

Los abogados presentaron una denuncia ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos para que interviniera en el caso. El organismo dedicado al acceso a la información los remitió a la Sedatu para que el trámite continuara sin problemas. En enero de 2016 incluso se reunieron con Rosario Robles, quien mandó a llamar a Bastarrachea. El funcionario nunca mencionó la pérdida del expediente.

Dos meses después, el delegado de la Sedatu, José Alberto Hernández, debió realizar los trabajos de medición del terreno, pero no pudo hacerlos porque, dijo a los abogados de Orozco Burgoin, presuntamente había gente armada en el predio, según le informó un empleado de la empresa Callisto, que estaba en posesión del predio.

Consultados por Proceso, los litigantes recuerdan que les llamó la atención la actitud de Hernández, sobre todo porque él estaba facultado para llamar a la Armada de México, el Ejército o a la Procuraduría General de la República para que, en caso de haber gente armada, desactivaran la potencial amenaza.

Comentan que Hernández no sólo no hizo la llamada, sino que tampoco intentó ver el otro acceso al predio. Simplemente, dicen, aceptó la versión del representante de Callisto y se desistió de hacer los trabajos de medición del terreno. Añaden que se trató de una maniobra del delegado de la Sedatu para que esa firma –ahora denominada Vizcaya– presentara un amparo para impedir los trabajos topográficos.

En abril de 2016 los abogados de Inmobiliaria Las Demasías, quienes se apropiaron del predio de 293 hectáreas, presentaron un amparo directo (el 188/2016) e interpusieron otros dos.

En agosto de ese año la Sedatu autorizó la medición y el avalúo del terreno, pero hubo otra triquiñuela legal, según los abogados de Orozco Burgoin: el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indaabin) pretendió cobrar casi 9 millones de pesos por ese trabajo.

De acuerdo con el documento del Indaabin, consultado por Proceso, “debido a las características del servicio solicitado se realizará un estudio de mercado para determinar el monto a pagar. Una vez autorizado ese monto por la Secretaría de Hacienda, se le notificará el mismo”. Era el avalúo más caro en la historia del Indaabin, advirtieron los abogados de Orozco Burgoin.

El 7 de noviembre de 2017, la propia Sedatu informó a Óscar Olmedo Meneses, apoderado legal de Orozco Burgoin, que los honorarios que se debían cubrir para el avalúo ascendían no a 9 millones, sino a 334 mil pesos.

Los apoderados legales del afectado sostienen que con esas y otras triquiñuelas la Sedatu no ha querido notificarles el resultado del avalúo.

Explican que en marzo pasado falleció Orozco Burgoin, cansado de esta larga batalla jurídica, de la persecución en su contra y de la serie de intereses que se confabularon para despojarlo de su predio.

No sólo no recuperó su propiedad, sino que ahora la empresaria Gina Diez Barroso Azcárraga ha cabildeado en la Sedatu y en Los Pinos para alargar el litigio.

La abogada Cinthya Rubio, apoderada legal del fallecido Orozco Burgoin, afirma a Proceso que han ido ganando en los tribunales los amparos interpuestos por la empresa Las Demasías, pero el juez se empecina en postergar la resolución final, lo que lleva ya dos años.

(Con información de Revista Proceso)