CCE se alinea con el Paquete Económico 2018
El paquete económico 2018, que el Ejecutivo Federal presentó al Congreso de la Unión el pasado viernes, es responsable y congruente con la situación fiscal del país, estimó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.
“En el sector privado celebramos que la propuesta sea un paso adelante para fortalecer las finanzas públicas. Después de años de crecimiento en sus niveles de endeudamiento, México necesita garantizar la estabilidad macroeconómica”, argumentó.
En la publicación “La Voz del CCE”, destacó que la propuesta de superávit primario de 0.9% del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2018 contribuirá a alcanzar ese objetivo, y permitirá que la perspectiva estable de calificadoras como Moody’s y Fitch se mantenga, y que eventualmente Standard & Poors modifique su perspectiva negativa hacia positiva.
El dirigente de la máxima cúpula empresarial del país afirmó que solo con estabilidad macroeconómica se puede esperar que la inflación regrese a la meta de 3.0% del Banco de México (Banxico), tener una moneda estable y disminuya la volatilidad financiera.
Así, dijo, sólo una economía estable permitirá preservar y fortalecer el ingreso de las familias mexicanas, fomentar la inversión productiva y generar nuevos y mejores empleos para los mexicanos.
“Hay que tenerlo claro: la única ruta al crecimiento económico pasa por la responsabilidad fiscal”, expresó Castañón, pero precisó que, si bien la estabilidad es indispensable, también es insuficiente para generar crecimiento económico.
Señaló que de manera complementaria el gasto público debe propiciar el crecimiento, la productividad y la generación de empleo, y ante ello, el ajuste propuesto de 28,000 millones de pesos al gasto en ramos administrativos debe dirigirse a reducir el gasto corriente, pero en ningún modo limitar el de inversión.
En materia tributaria, el objetivo debe ser fortalecer la eficiencia recaudatoria, para no modificar la carga fiscal, recomendó el presidente del CCE.
En su opinión, existe el reto de incorporar políticas fiscales que promuevan el empleo, la inversión y la simplificación administrativa, como serían eliminar las actuales medidas fiscales que gravan el pago de prestaciones sociales a los trabajadores, sobre gravan los rendimientos de la inversión de las empresas o facultan a la autoridad para solicitar información redundante.
Así, sostuvo, el paquete económico que se apruebe debe priorizar el fomento a la actividad productiva, porque solo con una economía más dinámica se construirá una sociedad con mayor bienestar. «Necesitamos que se invierta en más y mejor infraestructura, que se mejoren los servicios públicos y se fortalezca la eficiencia recaudatoria para no elevar la carga fiscal al menos durante 2018”, aconsejó.
Pero cumplir con estos objetivos exige mejorar la calidad del gasto, pues no solo se trata de asignar recursos, sino utilizarlos de manera efectiva, responsable y honesta, por lo cual hay que avanzar en el diseño e implementación de políticas públicas basadas en eficiencia y presupuestos sujetos a resultados, acotó.
Esto incluye también a los gobiernos estatales y municipales que en el 2018 tendrán un aumento sustantivo de sus ingresos al proponerse un aumento de casi 100,000 millones de pesos en las participaciones y aportaciones para entidades federativas y municipios.
Castañon sostuvo que la discusión del paquete económico deberá promover que el gasto público esté orientado a la construcción de un mejor ambiente de negocios para el país, por lo cual el CCE celebra que el Ejecutivo haya hecho énfasis en fortalecer la seguridad pública y combatir la corrupción en su presupuesto fiscal para el próximo año.
El presidente del CCE consideró que el gasto programado en seguridad pública solo tendrá resultados si mejora también el gasto en la impartición de justicia y su eficiencia, por lo cual el rol del nuevo fiscal general es clave en esa tarea de fortalecer el Estado de derecho en todo el país.
Confió en que la discusión del presupuesto permitirá tener un 2018 en el que el gasto público sea un motor del crecimiento, un pilar de la estabilidad económica y un modelo de eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos.
(Con información de El Economista)