Ayotzinapa símbolo de la violencia e injusticia en México
Ciudad de México. Los actos de tortura y otras violaciones a derechos humanos contra 34 de los 129 procesados por el caso Ayotzinapa representan «una doble injusticia». Por un lado se violan las garantías a la integridad personal y al debido proceso de los detenidos, y por el otro, se afectan el derecho a la verdad para las víctimas y la sociedad.
Así lo señaló el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab. Por lo que exhortó al Poder Judicial a excluir del proceso todas las pruebas obtenidas bajo tortura.
«Quienes sufren tortura no necesariamente dicen la verdad, sino lo que quiere el torturador», subrayó Jarab al presentar esta mañana el reporte «Doble injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa».
En el documento, del que este diario dio cuenta hace unas horas en su portal de Internet, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos asegura contar con fuertes elementos de convicción para sostener que 34 de las personas procesadas por el caso Ayotzinapa fueron torturados (a fin de autoinculparse y señalar a otros posibles responsables) y víctimas de otras violaciones a sus garantías fundamentales, durante y después de ser detenidas, por parte de agentes del gobierno federal.
En estos actos de violencia e irregularidades habrían incurrido elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), entre ellos el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón; así como efectivos de la Policía Federal y de la Marina. Aunque el informe no hace valoraciones, los resultados que arroja ponen en duda gran parte de la información en la que la PGR se basó para argumentar la llamada «verdad histórica», según la cual los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada habrían sido asesinados y calcinados en el basurero de Cocula.
Jarab explicó que el trabajo de la ONU-DH se basó en la revisión del propio expediente de investigación de la PGR y en entrevistas con 63 de las 129 personas procesadas y detenidas. De los 63 casos analizados, dijo, en 51 se encontraron algunos elementos para afirmar que fueron víctimas de tortura, pero en 34 de ellos hay fuertes elementos de convicción para afirmar que sí la hubo.
El funcionario internacional señaló que hasta la fecha la ONU-DH no tiene información de que alguno de los agentes o funcionarios implicados en estos delitos hayan sido procesados por tortura y violaciones a los derechos humanos, por lo que «permanecen impunes».
Subrayó que el informe no tiene como objetivo defender a posibles delincuentes, sino favorecer el estado de derecho en el país y abonar para que la práctica de tortura en los procesos judiciales será erradicada.
Detalló que entre los 34 procesados en los que se comprobó tortura durante octubre de 2014 hasta enero de 2015, justo a partir de la PGR tomó el caso, algunos son policías municipales de Iguala, otros de Cocula y unos más presuntos integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos.
Al ser interrogado si estas revelaciones ponen en duda las investigaciones de la PGR sobre el caso Ayotzinapa, Jarab remarcó que lo que se ha documentado por la ONU-DH «constituye una doble injusticia: hacia los derechos de los procesados y contra el derecho a la verdad para los familiares» de los 43 normalistas desaparecidos.
Confió en que los resultados del informe y las recomendaciones que hace sean considerados por el gobierno de Enrique Peña Nieto y por otros actores del Estado mexicano. «Mantengo mi optimismo que este informe pueda contribuir en este mosaico de progreso para que la tortura sea eliminada como método de investigación».
(Con información de La Jornada)
