Avanza ajuste al outsourcing en sector público y privado
El PAN votó en contra, con el argumento de que la reforma legal dejaba más desprotegidos a los trabajadores y a las empresas
Ciudad de México. Con 348 votos a favor, 77 en contra y 32 abstenciones, y un bloque opositor que dejó solo al PAN, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que regula la subcontratación laboral, también conocida como outsourcing, tanto en la iniciativa privada como en el gobierno federal.
Después de cuatro horas de debate –continúa la discusión de las reservas presentadas–, las bancadas de Morena, PT, MC, PES, PRD y Verde votaron a favor, mientras que la del PRI dividió sus sufragios entre 11 a favor, 25 abstenciones y tres en contra.
La bancada del PAN fue la única que votó en contra, alegando que se dejaba más desprotegidos a los trabajadores y a las empresas.
A pesar de que los legisladores de MC y PRD apoyaron la iniciativa, también criticaron el alcance del documento y lo calificaron de insuficiente.
El texto aprobado prevé que el no cumplimiento de la prohibición del outsourcing se equiparará como defraudación fiscal, y se aplicarán multas que van de los 173 mil pesos a los 4 millones de pesos.
La iniciativa sobre el outsourcing fue enviada a la Cámara de Diputados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 12 de noviembre del año pasado.
Cinco meses después, luego de un acuerdo alcanzado fuera de San Lázaro entre el Poder Ejecutivo, empresarios y líderes sindicales, se reactivó y se presentó este martes al pleno.
El documento camaral establece que queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose ésta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.
Indica que está permitida la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos.
En cuanto al reparto de utilidades, se establece que el monto de la participación tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años; se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador.
La iniciativa adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado y Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Esta medianoche continuaba el desahogo de las reservas presentadas por diversas fracciones parlamentarias.
(Con información de Proceso)
