Asesinan a reportero gráfico en San Luis Potosí
San Luis Potosí. Un día después de que fue sacado violentamente de su domicilio en esta ciudad por un grupo de hombres uniformados que se ostentaron como agentes de la Policía Ministerial estatal, el fotógrafo Edgar Daniel Esqueda Castro fue encontrado sin vida en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga.
El cuerpo del fotoperiodista, quien había denunciado ante la Comisión estatal de derechos humanos y la Procuraduría Estatal amenazas por parte de agentes de la referida corporación, estaba semidesnudo, con las manos atadas a la espalda y huellas de tortura.
El pasado jueves, Esqueda Castro se encontraba en su casa en la calle La Fragua de la colonia Julián Carrillo, cuando aproximadamente a las 8:30 de la mañana, varios hombres que se identificaron como ministeriales rompieron un vidrio de su domicilio e ingresaron, llevándoselo con rumbo desconocido.
Su familia presentó una denuncia y la Procuraduría de Justicia la asignó a la Fiscalía antisecuestros, catalogándola inicialmente como una privación ilegal de la libertad.
El procurador, Federico Garza Herrera, negó que la corporación haya sido responsable o que elementos de ésta hayan intervenido en la desaparición del fotógrafo, aunque éste había interpuesto una queja en la Comisión estatal de derechos humanos por amenazas de elementos de la Ministerial.
En redes sociales, la Procuraduría salió con rapidez a deslindar a los agentes con esta publicación:
“La Policía Ministerial del estado informa que no se ha realizado ninguna acción policial en contra de un reportero de la ciudad capital, quien fue sacado de su domicilio la mañana de este jueves, por presuntas personas que dijeron ser de esta corporación. La PME negó que hayan sido sus elementos quienes hayan realizado esta acción (sic). La Procuraduría General de Justicia del San Luis Potosí investiga estos hechos y apoya a la familia de la víctima en los trámites necesarios para su localización”.
Reporteros de varios medios de comunicación locales acudieron ante el procurador, Federico Garza, y el gobernador, Juan Manuel Carreras López, para entregar una carta y exigir una actuación rápida y efectiva en la búsqueda de Esqueda Castro.
Funcionarios de la Policía Ministerial admitieron la existencia de la queja, pero minimizaron el hecho.
“Hay un primer respondiente que cubre un perímetro, se tiene que respetar no sólo por reporteros gráficos, por todos; se les sensibilizó (a los agentes) para que se condujeran con educación, con amabilidad y les hicieran saber que el perímetro está establecido por la nueva ley. La queja de Edgar Daniel era relacionada con un intercambio de criterios diferentes, pero no nos habló de agresiones, ni de empujones, sino de un intercambio de opinión”, dijeron las autoridades estatales.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y la organización Artículo 19 emitieron alertas para demandar a las autoridades del estado y a las autoridades federales la localización de Edgar Daniel Esqueda y su resguardo.
“México es uno de los países más peligrosos para los periodistas en el mundo. Si el gobierno mexicano está realmente comprometido a la libertad de prensa, como afirma, debe prevenir a los secuestros y asesinatos de periodistas”, señaló Alexandra Ellerbeck, coordinadora del Programa de Norteamérica del CPJ.
“En el 2017, por lo menos cuatro periodistas fueron asesinados en represalia por su trabajo, según investigación del CPJ, y el CPJ está investigando las circunstancias de otro asesinato. El CPJ ha documentado la desaparición de 14 periodistas en México, excluyendo a Esqueda Castro. En mayo, el periodista Salvador Adame Pardo fue levantado en su casa en el estado mexicano de Michoacán”, recordó el organismo.
Edgar Daniel Esqueda Castro cubría la nota roja y espectáculos para los sitios locales Metrópoli San Luis y Vox Populi.
En tanto, el Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió un comunicado en el que lamentó el asesinato del periodista y exigió “a las autoridades competentes” realizar una investigación inmediata y eficaz para dar con los responsables del crimen.
El Mecanismo confirmó que, a fines de julio pasado, recibió una comunicación de la Comisión estatal de derechos humanos informándoles de la queja interpuesta por el periodista por hechos atribuidos a agentes de la Policía Ministerial, quienes en al menos dos ocasiones en las que había acudido a efectuar la cobertura como fotógrafo de dos incidentes de violencia, fue abordado por policías municipales que le impidieron realizar su labor y lo amenazaron.
En uno de esos eventos, ocurrido el 13 de julio, “policías ministeriales interfirieron con su trabajo, pidiéndole sus identificaciones y fotografiando sus credenciales, intimidándolo diciéndole que lo estarían vigilando, así como su domicilio, pues quizás con sus notas les daba información a los malos”.
Según el comunicado, el Mecanismo pidió información a la CEDH sobre las medidas de protección brindadas al fotógrafo y el organismo respondió que, además de que Esqueda Castro había presentado una denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia, el Comisario general de la Policía Ministerial del estado “aceptó” las medidas dictadas por el organismo a favor del periodista.
Es decir, la misma instancia cuyos elementos fueron señalados como quienes vertieron las amenazas en contra del fotógrafo, fue la encomendada para brindarle medidas de protección.
Esta mañana, tras confirmar el hallazgo del cuerpo de Edgar Daniel, un grupo de periodistas protestó afuera del Palacio de Gobierno, con cartulinas exigiendo justicia por el asesinato de su compañero.
El periodista Everardo Ramírez criticó las deficiencias del Mecanismo de protección y de la actuación de las distintas autoridades a partir de que el fotógrafo recibió amenazas y tras su posterior privación de la libertad.
Los reporteros, fotógrafos y camarógrafos que participaron en la protesta se dijeron atemorizados tras el asesinato de Edgar Daniel y los hechos violentos que se han registrado en el estado en los últimos meses.
(Con información de Proceso)