Anuncian Tribunal Penal para la Paz y el retiro del Ejército en tres años
Chilpancingo. La coordinadora del Consejo Asesor para Garantizar la Paz del gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Loretta Ortiz Ahlf, anunció la creación de un Tribunal Penal para la Paz y el regreso a sus cuarteles del Ejército y la Marina, en un plazo de tres años.
La postura de Ortiz Ahlf se dio en conferencia tras el foro denominado “Escucha”, que se realizó esta mañana en el puerto de Acapulco y donde acudieron decenas de familiares de personas desaparecidas y víctimas de la violencia en la entidad.
Al respecto, dijo que el Tribunal Penal para La Paz será un complemento a las comisiones de la verdad anunciadas por la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y estará conformado por jueces especializados en delitos como desaparición forzada, indicó.
Loretta Ortiz explicó que el Tribunal abordará el tema de los desaparecidos desde la época de la “guerra sucia”, en los sesenta, a la fecha.
Sobre la presencia de las fuerzas armadas en las calles, dijo que el próximo secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, ya había anunciado que “en tres años vamos a proceder a retirar al Ejército”.
Durante el foro, Guadalupe Rodríguez, madre del joven abogado Josué Molina Rodríguez, desaparecido en junio de 2014 en Chilpancingo, denunció públicamente la actitud del gobernador priista Héctor Astudillo Flores, quien en días pasados criminalizó a las víctimas al afirmar, sin presentar pruebas, que la mayoría de jóvenes desaparecidos participaron en acciones delincuenciales.
La afligida madre dijo que, después de que familiares de personas desaparecidas y asesinadas marcharon en la capital del estado para condenar las declaraciones del mandatario, fueron excluidos de programas de búsqueda de personas y elaboración de perfiles genéticos de los más de 700 cuerpos que permanecen en las morgues sin identificar.
“El gobernador no se quiere reunir con nosotros porque me mandó decir que yo le miento su madre”, expresó molesta la mujer.
También dijo que cientos de víctimas de la violencia “ya no tenemos otra esperanza, porque el gobierno en turno ha sido de impunidad, ha sido corrupto. Están ligados al crimen organizado, ya no sabemos quiénes son los sicarios y quiénes son nuestros gobernantes”, expresó Rodríguez.
Por su parte, el profesor José Diaz Navarro, dirigente del colectivo de personas asesinadas y desaparecidas en Chilapa, denunció directamente al exalcalde perredista de Quechultenango y actual diputado local electo, Bernardo Ortega Jiménez, hermano de los líderes del grupo delictivo Los Ardillos.
Con este ejemplo, Díaz Navarro advirtió sobre los niveles de colusión de políticos con el crimen organizado en Guerrero, entidad que ocupa los primeros lugares en índices de homicidios, desaparición de personas, corrupción, impunidad y violencia generalizada.
Margarita López, madre de Yahaira Guadalupe Bahena López, una joven torturada y asesinada en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, dijo que las víctimas no se sienten representadas en ninguna entidad.
López afirmó que existen organizaciones y colectivos “rémoras” y “vividores, pues viven a costillas del dolor de las familias”, y denunció que las autoridades estatales y federales no atienden a los familiares de víctimas si no forman parte alguna agrupación.
Por su parte, Alejandro Encinas, propuesto para subsecretario de Gobernación y encargado de los foros de consulta, se comprometió a que el gobierno de Obrador “romperá con el pasado y acabará con la simulación”, pero advirtió que “el viejo régimen sigue vigente”.
(Con información de Proceso)
