AMLO: De las promesas electorales a las realidades políticas

Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador prácticamente no se tomó un descanso después de ser votado a la presidencia de México en julio: en los tres meses que han transcurrido del periodo de transición ha estado viajando por todo el país para agradecer a sus votantes, reiterar sus promesas de campaña y asegurar: “No les voy a fallar”.

Sin embargo, ahora tiende a agregar una precisión a esa afirmación: “Quisiéramos dar más”.

El 1 de julio fue electo con un porcentaje inédito de sufragios y un mandato para combatir la corrupción, reducir la violencia y atender la desigualdad profunda en el país. Ahora esas promesas están chocando con una realidad demasiado compleja como para resumirla en un discurso de mitin.

Como resultado ha surgido un nuevo tenor en sus discursos: ha tenido que repensar sus planteamientos sobre varios temas destacados y dar evasivas respecto a ciertos compromisos para intentar reducir las enormes expectativas que enfrenta.

En varias paradas alrededor del país ha repetido sus promesas de repartir dinero a los jóvenes, aumentar las pensiones de personas jubiladas, subsidios para campesinos y préstamos para pequeños y medianos negocios. Excepto que ahora también precisa: “No vamos a gastar más de lo que ingrese”.

En vez de su sugerencia de retirar por completo a los militares de las calles, López Obrador ahora reconoce que las fuerzas policiales que por mucho tiempo han sido mal capacitadas y mal pagadas no bastan para proteger a los ciudadanos; indica que en la actualidad no hay alternativa a que la marina y el ejército apoyen con la seguridad pública.

Fuerzas federales asumieron el mando de la seguridad en la ciudad portuaria de Acapulco en agosto por denuncias de que la policía local estaba cooptada por la delincuencia organizada. Credit Francisco Robles/Agence France-Presse — Getty Images

Durante la campaña prometió cancelar la construcción de un costoso nuevo aeropuerto para remplazar las actuales terminales sobresaturadas. Ahora López Obrador dice que los mexicanos decidirán el destino del aeropuerto en una consulta popular a finales de este mes. Hay quienes critican el diseño de la consulta, que dicen está amañada en contra del nuevo aeropuerto; además, menos del dos por ciento del electorado podrá participar.

En ocasiones ha dicho que la economía de México está en buen estado y en otras ha asegurado que el país está en bancarrota; además de que ha recalibrado un plan para fomentar la producción petrolera. En julio dijo que en dos años aumentaría en un 30 por ciento y ahora dice que sucederá hasta que termine su sexenio.

Algunos mexicanos y analistas indican que estos cambios son resultado de un ajuste pragmático y necesario a las realidades del gobierno, ya que terminó un periodo de campañas marcado por hipérboles discursivas.

López Obrador “está viendo al país con ojos distintos por primera vez en su vida” en su transición de ser líder opositor a presidente, cargo que asumirá el 1 de diciembre, a decir del politólogo Jesús Silva-Herzog Márquez, de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México.

Ahora ahora tiene “la responsabilidad en la espalda”, añadió Silva-Herzog, quien opinó que por ello ha adoptado una postura más prudente.

Otros analistas son más tajantes. Algunos aseguran que López Obrador está improvisando sobre la marcha porque había pensado poco sobre cómo sería realmente aplicar sus propuestas.

“Alguien que tiene veinte años en campaña y aún no sabe qué va a hacer te habla de alguien que no sabe gobernar por medio de políticas públicas, o que realmente le tiene sin cuidado”, dijo Vidal Romero, politólogo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), universidad de Ciudad de México.

Romero añadió que sin importar en cuál de esas opciones caiga López Obrador, la incertidumbre sobre qué sucederá es preocupante.

El presidente electo, quien prometió alejarse del estilo de vida fastuoso de la élite política mexicana —por ejemplo, mencionó que venderá el avión presidencial y solo viajará en vuelos comerciales—, también ha enfrentado cuestionamientos en cuanto a su imagen.

Cuando la boda de su principal asesor fue portada de una revista para la alta sociedad, López Obrador dijo que se trató de un evento social privado, no de una cuestión de gobierno. El artículo de la revista, sin embargo, tenía un tono contrastante con el mensaje de austeridad del presidente electo.

Los varios giros cobrarán factura, pronosticó Carlos Bravo Regidor, director del programa de periodismo de la universidad Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

López Obrador “todavía no es presidente y ya tiene que administrar la decepción”, sentenció Bravo Regidor.

Añadió que para gobernar se requieren capacidades institucionales robustas que México no tiene. Para construirlas, dijo Bravo Regidor, se requerirán procesos que no dan resultados en el corto plazo, una realidad que pronto deberá enfrentar López Obrador.

“Cree que con ser un líder fuerte y honesto ya hubo avances”, dijo. “Pero hay un punto en el que tener una voluntad de hierro no basta”.

Queda particularmente evidenciado en el tema de la violencia, para la cual el nuevo gobierno deberá lidiar con una tasa de homicidios en cifras récord y con la impunidad vinculada a los doce años de la guerra contra el narcotráfico.

“Los retos son extraordinarios y las víctimas tienen el derecho a la verdad y la justicia”, dijo Guillermo Trejo, profesor de la Universidad de Notre Dame. “El Estado tiene la responsabilidad de responder”.

La respuesta de López Obrador, hasta ahora, ha sido una de mensajes cruzados.

En una propuesta celebrada por grupos de defensa de los derechos humanos, prometió trabajar junto con organismos internacionales para buscar a las decenas de miles de personas desaparecidas durante los años de combate al crimen organizado.

Acogió la idea de formar una comisión de la verdad similar a las establecidas en procesos de paz tras guerras civiles en América Latina. El gobierno entrante ha dicho que está dispuesto a discutir otras posibles medidas, entre ellas, un mecanismo de justicia y de reparaciones para las víctimas de los delitos más graves durante la guerra contra el narcotráfico.

López Obrador y su equipo de transición se han reunido con los familiares de varias víctimas mortales y de personas desaparecidas en todo el país, incluidos los padres de 43 estudiantes normalistas que están desaparecidos desde que fueron detenidos por fuerzas policiales hace cuatro años.

Es un giro marcado respecto a cómo su predecesor, Enrique Peña Nieto, ha lidiado con el caso. Peña Nieto y su gobierno declararon rápidamente resuelta la investigación sobre el paradero de los 43 con la llamada “versión histórica” y solamente se reunieron con los padres en una ocasión. El gobierno saliente también denunció a investigadores y expertos internacionales cuando la indagatoria independiente puso en duda las conclusiones de la administración. El caso se ha vuelto paradigmático de la indiferencia de las autoridades a las demandas de las víctimas y a la corrupción que permea a diversas instituciones.

A comienzos de este mes, el próximo secretario de Seguridad Pública de López Obrador canceló —en un tuit— los últimos cinco foros para discutir medidas de pacificación con familias de víctimas y con personas afectadas por la delincuencia ya no sucederían. El anuncio fue visto como un golpe a las personas de esos cinco estados, que están entre los más afectados por la violencia en el país.

Los analistas dicen que atender el problema de la seguridad requiere más que una buena voluntad del presidente: se necesita un orden público efectivo, pero México tiene sistemas policiales y judiciales débiles que en varios casos han sido cooptados por o están coludidos con la delincuencia organizada.

Un primer paso, indican, sería fortalecer el sistema de justicia con una fiscalía autónoma. Pero una propuesta en el Congreso presentada por el partido de López Obrador, Morena, el cual tiene mayoría, no incluye elementos clave como cambiar la manera en la que se elige al fiscal; esto quedaría en manos del mismo presidente.

Aunque López Obrador ya ha hecho varios ajustes a sus promesas desde antes de asumir el cargo, Silva-Herzog dijo que probablemente habrá más divergencias.

“Sí hay una realidad más terca de lo que se imagina”, dijo el politólogo.

(Con información de The New York Times)