Advierten más de 50 conflictos relacionados a la minería

Se deben dar a conocer las acciones del gobierno federal para dar solución a los problemas, indicó la Colectiva Cambiémosla Ya

Ciudad de México. Hay más de 50 conflictos relacionados con la minería en el país que requieren atención urgente por sus graves afectaciones a los derechos de las comunidades y al medio ambiente.

Esos, además de los cuatro que se comprometió a resolver el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de que concluya su administración, consideró la Colectiva Cambiémosla ya, integrada por comunidades y organizaciones ambientalistas.

En un comunicado indicó que el mandatario se refirió a los casos de Cananea, en Sonora; Sombrerete, Zacatecas; Taxco, Guerrero y todo lo que tiene que ver con las afectaciones al río Sonora, que sí requieren atención y voluntad para sancionar a los responsables y reparar los daños, aunque no son los únicos.

Mencionó que se deben conocer las acciones que emprenderá el gobierno federal para dar solución a estos conflictos vinculados con la industria minera así como las medidas que se tomarán para evitar su repetición y los continuados abusos de este sector en todo el territorio nacional.

Ante ello se requiere la publicación del reglamento de la nueva Ley de Minería, a fin de que ya comience a ser aplicada, sobre todo en lo referente al proceso de consulta y consentimiento para que pueblos y comunidades decidan libremente si aceptan o no que se instalen proyectos mineros en sus territorios.

Recordó que la nueva Ley de Minería, que entró en vigor el 9 de mayo de 2023, le quita el carácter de preferente a la minería sobre cualquier otro uso del territorio y obliga a realizar una consulta para obtener el consentimiento de las comunidades y pueblos originarios previo a la asignación de una concesión minera.

La Colectiva llamó a las instituciones encargadas de elaborar el Reglamento de la Ley de Minería a no ceder a las presiones de la industria minera, que durante más de 30 años ha aprovechado la permisividad legal para saquear los minerales del país, acaparar y contaminar el agua, vulnerar los derechos de las comunidades y devastar los territorios en los que se asienta.

(Con información de La Jornada)