Adquisiciones consolidadas, básicas para farmacéuticas

El resultado de la licitación anterior fue que se declaró desierta para 61.2 por ciento de medicamentos y material de curación

La compra consolidada de medicamentos para el ejercicio fiscal 2020, cuyo fallo se espera que será dado a conocer este lunes, representa una de las adquisiciones más importantes del gobierno federal, pues representa casi 20 mil millones de pesos, monto que puede cubrir el Presupuesto de Egresos de Baja California Sur.

De acuerdo con la licitación pública internacional abierta electrónica LA-006000993-E4-2019, el valor de los contratos con empresas farmacéuticas para el abasto de los medicamentos que requiere el sector salud del país asciende a 19 mil 42 millones 271 mil 751.95 pesos, cifra que también casi podría abarcar el gasto programable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para 2020.

La cantidad que el gobierno federal erogará en la compra de medicamentos para el año siguiente también es comprable con el Presupuesto de Egresos de Colima para 2020, que asciende a 17 mil 24 millones de pesos, o bien el de Baja California Sur, que es de 18 mil 402 millones.

De acuerdo con datos estimados por empresas que se agrupan en la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, el volumen de ventas que se estimaron en 2017 para el sector público representaron 45.5 por ciento del total.

Mientras, las ventas con precios del fabricante al distribuidor de los fármacos que se destinaron al sector público se calcularon en 28.1 por ciento del total del mercado para ese mismo año.

A diferencia del más reciente proceso de adquisición de medicamentos, que fue coordinado por la Secretaría de Salud, en esta ocasión fue llevada a cabo por la Oficialía Mayor de la SHCP, que hasta hace días estaba a cargo de Raquel Buenrostro Sánchez.

La finalidad de ello es tener mejores condiciones de precio y calidad para así satisfacer la demanda de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Salud, así como de los institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De igual forma, de Petróleos Mexicanos, el órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Esta será la segunda ocasión en que la actual administración federal se encargará del proceso de compras consolidadas. El anterior incluyó, además de fármacos, el material de curación requerido durante el segundo semestre de 2019.

El resultado de la licitación anterior, que tuvo muchos retrasos, fue que se declaró desierta para 61.2 por ciento de medicamentos y material de curación que debían distribuirse en los últimos meses del año, razón por la que se llevaron a cabo adjudicaciones directas de manera inmediata.

De las mil 923 claves que en junio pasado quedaron desiertas, mil 268 correspondieron a material de curación, cuya demanda total era de 2 mil 21 (https://bit.ly/2PPnJUV).

Datos de la SHCP indican que en esa ocasión el valor adjudicado para fármacos y material terapéutico fue de 10 mil 864 millones de pesos y se ahorró 25 por ciento, es decir, 2 mil 756 millones de pesos.

Además, la actual administración federal separó los procesos para adquirir antirretrovirales, fármacos contra hepatitis C y vacunas, así como la entrega hospitalaria de medicamentos de patente o fuente única.

Sin embargo, para la actual licitación, que debió concluir el pasado 20 de diciembre, de acuerdo con los calendarios que se tenían previstos, la compra de material de curación, como jeringas y guantes de látex, fue separada del proceso.

Uno de los cambios que más ha destacado en la licitación es la adquisición directa de fármacos a las empresas.

En las pasadas administraciones las medicinas eran compradas con distribuidores, los cuales, a su vez, tenían contratos de exclusividad con las farmacéuticas.

Sin embargo, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha buscado separar los dos procesos, es decir, firmar contratos de adquisición con los titulares de los registros sanitarios, mientras la distribución la realizan otras empresas que son elegidas mediante una licitación diferente.

(Con información de La Jornada)