24 mil casos de tortura en México entre 2014 y 2018
La ONU-DH respaldó a las organizaciones civiles que decidieron emprender la tarea de crear un Observatorio contra la Tortura, dijo Jarab
Defensores de derechos humanos condenaron la persistencia de la tortura en México y la impunidad en la que permanece ese delito, por el que entre 2014 y 2018 se presentaron 24 mil denuncias en todo el país, con sólo dos sentencias condenatorias hasta ahora.
Durante la presentación del Observatorio contra la Tortura, Jan Jarab, representante de la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), apuntó que, a dos años de su entrada en vigor, la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles enfrenta “obstáculos para su implementación, de ahí que persisten grandes desafíos para abordar una ley de esa naturaleza”.
Jarab lamentó que a la fecha no haya “una institución abocada a la tarea de coordinar la implementación de la Ley General”, y por eso, dijo, la ONU-DH respaldó a las organizaciones civiles que decidieron emprender la tarea de crear un Observatorio contra la Tortura, para dar seguimiento a la aplicación de la legislación.
Lucía Chávez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), explicó que el mecanismo de supervisión diseñado por las organizaciones sociales contempla la supervisión de 10 rubros, cuya información fue construida a partir de solicitudes de información.
Resaltó que una prueba irrefutable de que la tortura sigue siendo un problema actual es que este año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró 84 quejas por tortura y 199 por tratos crueles inhumanos y degradantes.
Ángel Salvador, de Documenta, describió la plataforma, “que tiene el objetivo de que las autoridades cumplan” con la implementación de la Ley General.
Entre los hallazgos encontrados, Stephanie Brewer, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, enlistó que entre 2014 y 2018 fueron presentadas, en el ámbito federal, 9 mil 998 denuncias, mientras que en las fiscalías y procuradurías de los estados se presentaron 14 mil.
Luego de destacar que pese a las denuncias impera la impunidad, la abogada destacó que en 2018 se presentaron 3 mil 600 querellas, de las cuales sólo dos fueron consignadas.
En cuanto a sentencias, informó que mientras a nivel estatal no existen perpetradores de tortura sancionados, a nivel federal, en los cinco años de análisis de la plataforma, se han emitido únicamente cinco sentencias.
De acuerdo con Brewer, en 2018 se emitieron 17 sentencias del ámbito federal, de las cuales sólo dos fueron en sentido condenatorio.
La defensora recordó que la Ley General instruye a crear fiscalías o unidades especiales para investigar las denuncias por tortura, sin embargo, en los primeros meses de este año no se habían creado en 11 estados del país, además de que “hay una preocupación porque en materia de peritos médicos y psicólogos, en la tercera parte de los estados no hay personal para realizar los peritajes”.
En el caso de la Fiscalía General de la República (FGR), destacó que más allá de la falta de capacidad para procesar los peritajes especializados, “no hay garantía de independencia de los peritos”.
Natalia Pérez, de Fundar Centro de Investigación y Análisis, expresó que, pese a los discursos a favor de los derechos humanos, lo cierto es que el presupuesto destinado para la Fiscalía Especializada en la FGR contará con 750 mil pesos en 2020, de acuerdo con la Ley de Egresos, “que representa menos del 1% del presupuesto destinado para la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (Seido), en tanto que a la Guardia Nacional se le destinó 3.8 mil millones de pesos”.
En materia de reparación del daño, las organizaciones sólo pudieron documentar información proporcionada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en el ámbito federal, debido a que a nivel local sólo existe esa figura en 22 estados, y no todos cuentan con recursos para atender a las víctimas.
La defensora destacó que, si bien a nivel federal hay 10 mil denuncias, de 2014 a 2018, sólo 217 víctimas han tenido acceso a los fondos de ayuda y únicamente 100 han alcanzado medidas de reparación.
En cuanto a las quejas y recomendaciones en el sistema ombudsman, dijo que a partir de 2017 se detectó un incremento de quejas, de manera que en 2018 las comisiones Nacional y locales de Derechos Humanos registraron 4 mil 759 querellas por tortura y malos tratos, cifra mayor a las 4 mil 215 contabilizadas en 2015.
Tras destacar que la plataforma también analiza el nivel de transparencia y rendición de cuentas de las fiscalías, poderes judiciales y comisiones de Derechos Humanos, Natalia Pérez resaltó que los datos obtenidos demuestran que en México la tortura continúa siendo “generalizada y sistemática”, como lo describió el relator sobre la Tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez, en 2014.
Un ejemplo de la inconsistencia entre las denuncias y las investigaciones abiertas por tortura ocurre en Jalisco, apuntó Denise Montiel, del Centro para la Justicia, la Paz y el Desarrollo (Cepad).
De acuerdo con la información correspondiente a esa entidad, entre 2014 y 2018 se abrieron 57 carpetas de investigación por tortura en la Fiscalía de Justicia estatal, en tanto que la Comisión Estatal de Derechos Humanos registró 547 quejas en el mismo periodo.
Al destacar que del análisis de la información recabada se puede observar una tendencia de “ocultar las cifras y con ello la magnitud del delito”, Montiel recordó que contar con datos precisos de la problemática “es uno de los primeros pasos para erradicar la tortura”.
Insistió que, ante la realidad lacerante, el objetivo primordial del Observatorio contra la Tortura es precisamente “recopilar datos para visibilizar el problema y hacer un llamado a las autoridades del país para que implementen la Ley General y den acceso a la justicia y la reparación integral del daño”.
(Con información de Proceso)
