Plantea Encinas el fin de la impunidad de militares contra civiles
Después de la reunión entre el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el secretario de la Defensa Nacioanl, Salvador Cienfuegos Zepeda, y el de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, el próximo titular del Ejecutivo Federal dijo con mucho pesar que seguirán los militares en funciones de seguridad pública.
Sin duda, esto nos hace pensar que a los mexicanos nos siguen tratando como menores de edad y que la realidad en relación a la delincuencia en el país es todavía peor que los más de 200 mil muertos en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por la guerra al crimen organizado.
En ese sentido sería entendible la continuación de la confrontación bélica entre las fuerzas armadas del país y los cárteles cuyas actividades delictivas se han diversificad más allá del cultivo y tráfico de drogas, abarcando la trata de personas (niños, mujeres y hombres), además de el secuestro, la extorsión, el cobro de piso, lavado de dinero desde y hacia la política, etcétera.
Esto no puede significar de ninguna manera la renuncia a la normalización de establecer policías federales, estatales y municipales que sean efectivas y confiables, es decir, que sean corrompidas ni al servicio de los delincuentes.
Tampoco se puede solapar, como lo aclara el encargado de garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos de los mexicanos, Alejandro Encinas, en la entrevista con Proceso, la impunidad de soldados y marinos bajo el pretexto de estar actuando contra delincuentes peligrosos, en casos donde la población civil ha sido abatida por las balas de los militares.
Y recuerda casos emblemáticos como Tlatlaya y Ayotzinapa, herencia de la actual administración presidida por Enrique Peña Nieto, caso en el cual varios militares no han sido sancionados.
Encinas también explica de manera sencilla que el hecho de cuestionar a un militar no va en demérito de la institución castrense, como aducen integrantes del Ejército y la Armada (coreados por sus jilgueros afines en varios medios de comunicación); de lo que se trata, en el fondo, es encubrimiento hacia el personal castrense que viola las leyes civiles y militares.
Históricamente, los señalamientos de graves violaciones a derechos humanos se remonta al menos:
- al homicidio del líder campesino Rubén Jaramillo y su familia,
- la matanza de Tlatelolco en 1968,
- las desapariciones forzadas de la Guerra Sucia
- y las represiones a los movimientos obreros.
“Ni el Ejército ni la Marina tienen por qué asumir como institución los errores o los abusos que cometen sus elementos… No tienen por qué encubrir una responsabilidad en una malentendida defensa de la institución” cierra Encinas.
¿Y qué hacer cuando las instancias nacionales no funcionan?
A este respecto, vale comentar que investigadores de la ONU pidieron que la justicia internacional abra una causa contra el jefe de las Fuerzas Armadas de Birmania y otros cinco jerarcas militares por “genocidio”, “crímenes de lesa humanidad” y “crímenes de guerra” por la represión de la minoría rohinyá.
Según la misión de la ONU, es “prudente” la estimación hecha por Médicos Sin Fronteras (MSF) de que hubo unos 10 mil muertos durante la persecución de los rohinyás.
Ante esa situación, más de 700 mil rohinyás tuvieron que huir de Birmania entre agosto y diciembre de 2017 tras una ofensiva del ejército birmano hecha en represalia a los ataques de rebeldes rohinyás contra puestos fronterizos.
Se refugiaron en Bangladés donde residen en inmensos campamentos de refugiados., de acuerdo a la nota de AFP.
Así que la justicia es posible, ya sea a través de las instituciones nacionales, o en su caso, mediante la ayuda de instancias internacionales que ayuden a esclarecer los hechos y a sancionar las conductas que escapen a la normatividad tanto civil como militar.
