Pagarán tabasqueños 12 millones de pesos mensuales por APP
El pleno del Congreso del Estado de Tabasco aprobó con 29 votos a favor y tres en contra una nueva deuda para los ciudadanos tabasqueños que tendrán que pagar 12 millones de pesos mensuales a la empresa SEMEX S.A. de C.V. por instalar las señalizaciones, semáforos y demás instrumentos en Villahermosa.
Y todo porque los diputados aprobaron la nueva Asociación Pública Privada (APP) Mejora Integral de la Movilidad Urbana en Villahermosa, propuesta por el Gobierno del Estado, y que tendrá un costo para los tabasqueños de casi 500 millones de pesos, en tanto la empresa podrá usufructuar el contrato por diez años.
A nadie sorprende la colusión de la los diputados priistas diputados Jorge Lazo Zentella, César Rojas Rabelo, Gloria Herrera y Yolanda Rueda, mucho menos la connivencia de los diputados verdecologistas o de la conveniente cita médica de la diputada presuntamente morenista, Candelaria Pérez Jiménez.
¿Y los diputados del PRD? Es bien sabido que no sirven al pueblo, sino a lo que les da órdenes desde el Poder Ejecutivo.
La empresa Semex S.A. de C.V. habrá de realizar cambios en los señalamientos de las vialidades y completará la semaforización de la ciudad y sí, también aplicará fotomultas.
El diputado Manuel Andrade Díaz esbozó alguna crítica, diciendo que el de Tabasco, es el único gobierno del mundo que se dice de izquierda y busca privatizar los servicios públicos. Además, cuestionó la nueva carga económica que compromete el gasto público.
Un tema que ya se ha reflejado en los medios nacionales es la ilegalidad de las fotomultas que estarían operando con la nueva APP, y que estarían sujetas a demanda por parte de los ciudadanos con la posibilidad de ganar en los juicios respectivos.
La cuestión de fondo va más allá. Es la propia “Ley de asociaciones público privadas del estado de Tabasco y sus municipios” que permite contratar este tipo de deuda (que no inversión, como se pretende hacer pasar).
Es decir, se dejan de lado mecanismos financieros tradicionales y se evade la fiscalización federal que busca limitar la deuda que contraen los estados, la cual ha crecido desproporcionadamente durante los últimos 17 años.
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