Ley de Seguridad Interior, causas y consecuencias
Si algún mexicano tiene duda sobre la necesidad de legislar en materia de seguridad interior, la respuesta es sí, sí era necesario. Esto no quiere decir que se justifique la legalización de la presencia del Ejército y la Marina en cuestiones de seguridad pública con el pretexto de combatir a los cárteles e introducir indebidamente la represión a las manifestaciones sociales.
Cabe preguntarse ¿cómo es que llegamos a este punto?
El territorio y la población mexicana están sujetos a las amenazas externas como el terrorismo o las intervenciones armadas de otros países e internas como la acción de la delincuencia organizada que amenaza los bienes y la integridad física de los connacionales.
Ante las amenazas del exterior, México cuenta con las fuerzas armadas Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Contra las amenazas de la delincuencia, ya sea común u organizada, se contaba con diferentes cuerpos policiacos federales, estatales y municipales.
El problema se gestó durante 70 años de corrupción e impunidad en que los gobiernos encabezados por el PRI, lejos de combatir a los delincuentes se hicieron parte del problema, el cual no solo dejaron crecer sino que lo procrearon por acción u omisión.
Los delincuentes de barrio se convirtieron en bandas urbanas y luego abarcaron estados y regiones del país hasta convertirse en cárteles nacionales e internacionales. En ese proceso la participación de las autoridades civiles más allá de los cuerpos policiacos, incluyó a presidentes municipales, gobernadores de los y funcionarios federales de alto nivel.
En este punto ocurre la alternancia política en el país, con el arribo del PAN al poder, sin que Vicente Fox hiciera ningún cambio en la estructura delincuencial enquistada en el poder. Fue con la llegada de Felipe Calderón que se intentó una cruzada nacional contra los cárteles incorporando a los soldados y marinos en las tareas de combate al narcotráfico.
Resultado: una guerra donde han muerto más de cien mil mexicanos, la mayoría de ellos presuntos delincuentes, pero muchos también civiles incluidos mujeres y niños que son reducidos a un brutal concepto de ‘daño colateral’; además de quienes habiéndose rendido y estando desarmados fueron ejecutados por soldados o marinos.
El fracaso: Lo peor es que dicha política iniciada por el panismo y continuada por el priista Enrique Peña Nieto fracasó totalmente. Uno de los factores de la debacle fue la venta de armas por parte de Estados Unidos a los cárteles mexicanos que llegaron a estar mejor armados que las fuerzas del orden. Otra es que la demanda de drogas en EU sigue creciendo.
Por lo demás, la corrupción y la impunidad continuaron en los tres niveles de gobierno y la caída de los grandes líderes de los cárteles sólo significó el surgimiento de nuevos cabecillas puesto que como dicen los economistas se juntaron la necesidad y la producción en gran escala para atender el mercado de la droga.
Es evidente la necesidad de una ley de seguridad interior que permita enfrentar este riesgo para todos los mexicanos, pero legalizar una política que ha demostrado su ineficacia durante más diez años al generar más inseguridad, muerte y violación a los derechos humanos, es una aberración.
A contrario sensu de la sociedad, el gobierno priista de Enrique Peña Nieto y secundado por los verdeecologistas y algunos panistas aprobaron una ley que coloca la INSEGURIDAD en manos del Ejército y la Marina (ya no de los cárteles) por los abusos y violaciones a los derechos humanos, y que adicionalmente permitirá a dichas fuerzas castrenses intervenir contra los movimientos sociales.
En síntesis, sí a la Ley de Seguridad interior. No a la legalización de la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública.
¡Seguridad, sí; represión, no!
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