Legalizar a los militares en Seguridad Pública no servirá

En diez años, la guerra contra el narcotráfico ha dejado  más de 150 mil muertos en México y casi 300 mil desplazados y ahora se pretende legalizar el estado de excepción en el que tanto el Ejército como la Marina funjan como autoridades civiles en materia de seguridad, con funciones de fiscales investigadores.

Esta confrontación se da entre distintas bandas, entre las bandas y los gobiernos municipales, estatales y el federal, así como entre los delincuentes y las fuerzas armadas.

Es decir, hay grupos de la delincuencia organizada que responden a sus propios intereses ya sea en contra del gobierno local, o vinculados con la autoridad municipal; hay otros grupos protegidos por las autoridades estatales y otros, perseguidos; e igualmente, hay carteles operando bajo la sombra de organizaciones federales, ya sea de policía o el propio ejército.

Quienes siembran, cosechan, cocinan, trasiegan, transportan, comercian, venden… saben que hay un manto de corrupción e impunidad dentro del cual pueden actuar y solamente en caso de romper los acuerdos de facto es cuando devienen enfrentamientos.

El hecho de implementar un nuevo marco legal donde las fuerzas castrenses actúen como policías no ayudará en nada a la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada en general, sino que pondrá en riesgo los derechos básicos de los mexicanos, es un ‘golpe de estado blando’.

Ya se ha dicho muchas veces pero vale reiterarlo una vez más: en términos económicos, el mercado de las drogas estadounidense es demasiado valioso. El gobierno de Estados Unidos poco o nada hace para frenar el consumo en su territorio, en consecuencia esa necesidad impulsa el narcotráfico.

Si dicho país realmente confrontara a los cárteles estadounidenses y combatiera las adicciones, el problema del narcotráfico en México vendría a menos: nadie elabora o vende un producto que nadie compra.

Otro aspecto que resulta irracional es el cambio de actitud respecto a la mariguana donde el discurso oficial ha pasado de satanizarla desde todo punto de vista (como algo malo para el individuo y la sociedad; perverso porque orillaba a la delincuencia; y dañino para la salud) a santificarla como producto medicinal y recreacional, casi casi impulsora de la sociedad y el individuo.

Esta transformación creó las condiciones para su legalización (¿les suena conocido el término?) con lo cual cabe cuestionar qué sentido tuvo y tiene que miles de ciudadanos hayan muerto o hayan sido encarcelados o segregados socialmente por su producción, distribución o consumo.

Insisto en que de nada servirá que soldados y marinos tengan un marco legal para su actuación como “autoridades civiles” si el problema central es la corrupción y la impunidad en todos los niveles de gobierno.

Además, no es lo mismo que los civiles investiguen los posibles delitos a que lo hagan los militares, especialmente en tiempos de crisis y elecciones competidas.

Me parece que proseguir otros cuarenta años de guerra y luego buscar un acuerdo de paz., como Colombia, no es el mejor camino para México, aunque tal vez lo sea para Estados Unidos de América y las élites mexicanas, y esto sí que es un problema.