Reingresan a prisión a la activista argentina Milagro Sala

San Salvador de Jujuy. La dirigente social Milagro Sala, detenida ilegalmente en la provincia de Jujuy desde enero de 2016, fue trasladada violentamente por efectivo policiales, desde la casa donde cumplía prisión preventiva domiciliaria, a la cárcel de Alto Comedero.

En violación a todas las normas legales, la dirigente también diputada electa del Parlamento del Mercado Común del Sur, fue golpeada y arrastrada, descalza y en ropa de dormir, mientras gritaba: “déjenme, ¿por qué me hacen esto?”, como muestra un video que registró el abuso de la fuerza policial

Una decena de efectivos de una fuerza especial policial se la llevó sin que su esposo el periodista, Raúl Noro pudiera impedirlo, ya que no presentaron ninguna notificación del traslado a los abogados defensores. Quienes se la llevaron le dijeron que la iban a trasladar para curarla de “su salud mental” y en el penal le mostraron los fundamentos para trasladarla a ese lugar, del juez Pablo Pullen Llermanos.

Ante esta situación el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco José Eguiguren Praeli, advirtió la preocupación de esa entidad que calificó como un grave retroceso la situación, ya que esa entidad tomó la resolución de que dada las condiciones carcelarias Sala debía ser dejada en libertad o ser trasladada a su domicilio para cumplir allí prisión domiciliaria.

Tampoco esto fue cumplido. Sala fue trasladada a una casa abandonada y saqueada, que fue rodeada con una alambrada de púas, mientras un grupo de gendarmes y otro de policías, custodiaban el lugar con la condición de que ella se mostrase todos los días a la puerta de esa casa.

“Si la medida cautelar no se cumple, tendremos que evaluar y decidir cuál es el paso siguiente que damos”, alertó el funcionario, quien advirtió que Sala cumple una prisión judicial preventiva. “Entendemos que la prisión es una medida extrema cuando hay un peligro para las investigaciones, pero aquí no hay una condena”, recordó el presidente de la CIDH.

Por su parte, la abogada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, calificó como un “secuestro” la decisión del juez por este traslado al Penal de Alto Comedero de la líder de la organización social Tupac Amaru.

En una conferencia junto a Horacio Verbistky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, dijo que “hacían responsables por la vida de Milagro Sala al presidente argentino Maurico Macri y al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales”.

“Pareciera que la quieren acallar y poner de rodillas, pero además quieren a Milagro muerta”, sostuvo Alcorta, quien explicó que las condiciones de salud de la detenida política, según peritos judiciales “no posibilitan un traslado al penal”.

Verbitsky, sostuvo que el argumento de que el juez Pullen Llermanos “quiere cuidar la salud de Sala es un pretexto…Está lastimada, fue golpeada”. Y agregó que “Acá hay una responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional”.

Aministía Internacional advirtió “que esta decisión incumple lo establecido por la CIDH y Argentina incurre en responsabilidad internacional al incumplir la medida oportunamente dictada por esa entidad”.

El estupor ante esta situación provocó la protesta de organismos políticos, sociales y humanitarios ante lo que consideraron una “provocación “ del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, amparado por Macri. La indignación se extendió por todo el país y siguen llegando mensajes desde el exterior, que consideran que el caso Sala, es un símbolo de lo que está dispuesto a hacer “el autoritarismo de Macri”.

El gobierno de Cambiemos desconoce estas protestas y continúa con la violación de los derechos humanos, como es el caso de la desaparición forzada del joven, Santiago Maldonado, en Esquel, provincia sureña de Chubut.

El bloque de diputados y diputadas nacionales del Frente para la Victoria, Partido Justicialista presidido por Héctor Recalde, consideró que la decisión judicial “constituye un nuevo acto de provocación y persecución política por parte del gobernador Gerardo Morales, a quien ya no le alcanza con no cumplir con la resolución de la CIDH, sino que incurre en un eventual ‘secuestro’ de la dirigente social Además el bloque señaló que “en Jujuy no hay garantías constitucionales ni respeto al debido proceso. Morales controla al Poder Judicial a quien le dicta que medidas y fallos (efectuar) en contra de Milagro”.

Asimismo, los diputados expresaron que tanto Morales como el presidente Macri “evaden la responsabilidad que el Estado Nacional tiene en el cumplimiento de las resoluciones de la CIDH. Esto es muy importante porque el gobierno nacional consiguió en poco tiempo manchar la imagen ejemplar del país en el mundo en su lucha en favor de la defensa de los Derechos Humanos”.

(Con información de La Jornada)