Mujeres, víctimas de la crisis en el sector salud
Ciudad de México. El 2 de octubre de 2013, Irma, de origen mazateco, se encaminó al Centro de Salud del municipio San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, para dar a luz a su cuarto hijo. Con 30 años de edad y 36 semanas de gestación empezó a tener fuertes dolores, lo que le externó a una enfermera al llegar al hospital. La mujer le dijo a Irma que faltaba mucho tiempo para que naciera su bebé y la envió a caminar por el patio del dispensario. Los dolores se intensificaron, se había roto la fuente y de un instante a otro nació un bebé en medio del pasto. Fue hasta minutos después que ambos recibieron atención médica y fueron ingresados al Centro de Salud.
El caso se mediatizó por la gravedad de la negligencia y visibilizó la actitud omisa de algunos de los trabajadores del sector salud que ponen en riesgo la vida de las mujeres y vulneran su derecho a recibir un trato digno durante la etapa de gestión, parto y puerperio –periodo de recuperación luego del nacimiento que se extiende por cinco o seis semanas–.
El 7 de marzo de 2014, la historia volvería a repetirse.
Laura tuvo a su bebé en las áreas verdes del Centro de Salud de San Juan Manialtepec, también en Oaxaca. La clínica se encontraba cerrada supuestamente porque se habían terminado las horas de servicio público. El caso de Laura se sumó al alumbramiento de otra mujer zapoteca que había dado a luz en febrero en el baño del albergue del Hospital Comunitario “La Paz” y al de otra mujer que, en octubre de 2013, había parido en el sanitario de la posada del Centro de Salud de San Jacinto Amilpas, municipio oaxaqueño de la región de los valles centrales.
La constancia de los casos en esa entidad obligó a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) a intervenir. El organismo acordó llevar a cabo un diagnóstico sobre el derecho a la salud en la entidad. En 2016 intervino la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al emitir una recomendación dirigida al actual Gobernador del estado, el priista Alejandro Murat Hinojosa.
Ese mismo año, diferentes organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el 80 por ciento de las mujeres indígenas había padecido esta clase de violencia al momento de parir y que la práctica había sido común durante el Gobierno de Gabino Cué Monteagudo, quien fue Jefe del Ejecutivo estatal del 1 de diciembre de 2010 al 30 de noviembre de 2016.
La violencia obstétrica es reconocida como una agresión a las mujeres en distintas leyes locales. Sin embargo, sólo los estados de Aguascalientes, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Quintana Roo y la Ciudad de México la consideran en sus códigos penales.
La última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH) expone que en los cinco años previos al estudio el 33.4 por ciento de las mujeres en México (1 de cada 3) que tuvieron un parto denunciaron haber sufrido algún tipo de maltrato por parte de las instituciones de salud quienes las atendieron.
La violencia obstétrica es reconocida como una agresión a las mujeres en distintas leyes locales. Sin embargo, sólo los estados de Aguascalientes, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Quintana Roo y la Ciudad de México la consideran en sus códigos penales. Foto: Adolfo Valtierra, Cuartoscuro
PENDIENTES DE SALUD RECAEN EN MUJERES
En México existen diversos pendientes relacionados con la salud reproductiva de las mujeres que las coloca en condiciones de desigualdad e injusticia frente a otros grupos vulnerados. Los altos índices de embarazo adolescente, violencia obstétrica y muerte materna son una muestra de la necesidad de implementar políticas públicas adecuadas que faciliten el acceso a atención médica de calidad.
De acuerdo con diversas especialistas en el tema, el problema es multifactorial y tiene su origen en la falta de reconocimiento de los derechos de las mujeres que se cruzan con estigmas ideológicos y morales, atravesados por otras deficiencias estructurales.
Rebeca Ramos Duarte, abogada y coordinadora de Incidencia Política del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), explicó en entrevista para SinEmbargo que existen tres grandes aplazamientos estructurales que impiden a las mujeres tener pleno acceso a los servicios de salud: la falta de garantía por parte del Estado en materia legislativa, los problemas de implementación de políticas públicas y acceso, y la falta de voluntad política para brindar acceso a la justicia.
En 2015, el Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social (Coneval) contabilizaba que un 56.6 por ciento de población total de nuestro país tenía una carencia por acceso a la seguridad social. Durante décadas, el indicador ha sido la mejor muestra de injusticia social, colocándose por encima de las cifras que contabilizan el rezago educativo (17.9 por ciento) y el acceso a servicios básicos de vivienda (20.5).
La falta de acceso a la salud pública ha tenido mayor impacto en las mujeres, ya que representan el 59.1 por ciento de los trabajadores informales: 29 de cada 100 mujeres trabajan en un sector que carece de prestaciones como licencias de maternidad, instancias infantiles, servicios médicos, jubilación, seguro de vida, entre otros.
(Con información de Sin Embargo)
