Lucha gobierno de Guatemala contra abusos a infantes
Ciudad de Guatemala. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien asumió la presidencia en enero de 2024, reafirmó desde fines de noviembre de 2024 el compromiso de su Gobierno en la lucha contra la violencia de género.
Este problema ha estado históricamente normalizado de múltiples maneras, sin embargo, aseguró que están decididos a cambiar tal realidad.
El mandatario reconoció que las medidas adoptadas no transformarán la situación de manera inmediata, pero representan un paso importante hacia la construcción de un marco normativo que permita superar esta realidad.
Por eso no sorprende que más del 99 por ciento de los casos de agresiones sexuales a niñas (violación o embarazo) denunciados en Guatemala quedan sin castigo, expuso un reporte del diario local Prensa Libre.
A partir de enero de 2018 y hasta octubre del 2023 se registraron 12 mil 743 nacimientos en menores de entre 10 y 14 años y de los señalados ante el Ministerio Público seis mil 697 resultaron en desestimación, detalló el medio en base a un informe de la organización Human Rights Watch.
Cuatro de cada 10, agregó, los desecharon fiscales del ente investigativo, el resto fueron archivados por orden de un juez, con lo cual las niñas no lograron tener justicia ni una reparación digna ante el abuso sufrido.
La coordinadora de programas del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, Ana Victoria Maldonado, puntualizó que el fallo que dictan los magistrados es tardío.
Un caso puede demorar cinco años para que podamos tener alguna sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, describió la especialista, quien acompaña a las menores víctimas de violencia de este tipo.
En el departamento Alta Verapaz, ejemplificó que cada año son registrados más de 300 bebés de madres menores de 14 años; sin embargo, los casos que inician un proceso legal por violación a duras penas son 10.
El número de los que llegan a sentencia se reduce a dos, remarcó la experta, mientras agregó que hay fallos apelables, lo que implica que podría llevar otros cinco años más el proceso judicial.
A juicio de Maldonado, el irrisorio dato de condenados también le envía un mensaje a la sociedad de que los embarazos en las menores son “un comportamiento normal, porque al agresor no le pasa nada”.
La investigadora de Human Rights Watch, Cristina Quijano, aportó que el retraso en la judicialización es un problema sistemático y generalizado del sector judicial en Guatemala.
Los casos que involucran a niños deberían de ser una “prioridad para el gobierno”, empero, descartó que esto ocurra.
Amplió que hay departamentos con solo un juez para trabajar temas de niñez, entonces, obtener una fecha de audiencia se vuelve imposible, enfatizó Quijano, citada por Prensa Libre.
(Con información de Prensa Latina)
