La ONU denuncia crímenes contra la humanidad en Burundi
Investigadores de la ONU exhortaron este lunes a la Corte Penal Internacional (CPI) a investigar urgentemente los crímenes contra la humanidad cometidos por agentes del estado en Burundi, un país sumido en una grave crisis política desde 2015.
«Estos actos (…) han sido perpetrados en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, con conocimiento de tal ataque. Estos actos se enmarcan en una política del Estado burundés», denunció el presidente de la comisión de investigación de la ONU sobre Burundi, Fatsah Uguerguz, en una rueda de prensa.
El Gobierno burundés reaccionó denunciando un complot occidental que «quedará sin efecto». Por su parte la oposición espera la apertura de una «nueva era de esperanza para poner fin a la impunidad».
La comisión de la ONU «tiene motivos razonables para creer que varias de estas violaciones, cometidas en su mayoría por miembros del servicio nacional de inteligencia, de la policía y del ejército, así como por los Imbonerakure [milicia progubernamental según la ONU] constituyen crímenes contra la humanidad», dice en su informe, en el que señala a «responsables del más alto nivel del Estado».
«También hubo vulneraciones de derechos humanos por parte de grupos armados de oposición, pero resultaron difíciles de documentar», agrega el texto.
Por eso la comisión pide a la CPI que abra «una investigación sobre la situación en Burundi desde abril de 2015».
El 27 de octubre de 2016 Burundi notificó formalmente a la ONU su decisión de retirarse de la CPI, una retirada que será efectiva al cumplirse un año de la comunicación, es decir el 27 de octubre de 2017.
Por eso la CPI tiene hasta esa fecha para realizar una investigación por su cuenta. Pasado ese plazo, solo el Consejo de Seguridad podrá apelar a la corte internacional.
Los investigadores de la ONU han documentado «violaciones a menudo de una crueldad extrema, en particular ejecuciones extrajudiciales, miles de arrestos y detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como violaciones sexuales», indicó Fatsah Uguerguz, precisando que no hay cifras exhaustivas.
Las víctimas son en su mayoría hombres jóvenes, que «tienen en común ser opositores al gobierno o ser percibidos como tales», añadió.
«No hubo genocidio»
Aunque el informe reconoce que en algunos casos fueron pronunciados insultos contra los tutsis, considera que no se trata de un genocidio porque no hay «una voluntad política de destruir totalmente o en parte a este grupo étnico».
La Comisión ha establecido una lista confidencial de presuntos autores de crímenes contra la humanidad, que podría ser compartida por la ONU con cualquier órgano o jurisdicción competente que «realice investigaciones creíbles».
Burundi no ha autorizado a los investigadores a trasladarse al país, por lo que las conclusiones de los tres comisarios son fruto de meses de investigación con 500 testigos, entre ellos numerosos burundeses refugiados en el exterior.
Willy Nyamitwe, responsable de la comunicación presidencial de Burundi, dijo a la AFP que «no son investigadores sino mercenarios pagados para validar un discurso que ya circula en ciertos informes occidentales y abrir el camino a la CPI, ese instrumento en manos de Occidente para esclavizar a los Estados africanos».
Al contrario, la oposición felicitó el informe. «Es una nueva era de esperanza que se abre para poner fin a la impunidad de los crímenes cometidos desde abril de 2015», dijo Charles Nditije, presidente de CNARED, una coalición que agrupa a casi toda la oposición.
Burundi vive una violenta crisis desde la decisión en abril de 2015 del presidente Pierre Nkurunziza de presentarse a un polémico tercer mandato, que logró en julio de ese mismo año. Las manifestaciones posteriores fueron violentamente reprimidas y el golpe de Estado fallido en mayo de 2015 condujo al poder a una represión sistemática.
Según la ONU y varias ONG, la violencia ya ha provocado entre 500 y 2.000 muertos, y empujó al exilio a unos 425 mil burundeses.
(Con información de AFP)
