La justicia tras explotación de menores en Uruguay

Resaltan ex magistrado, empresarios prósperos, profesionales, ex altos funcionarios estatales y activos miembros de los partidos gobernantes

Montevideo, Uruguay. Por reconocido que sea el estrecho vínculo entre poderosos y menores sometidos a explotación sexual, la justicia en Uruguay intenta evitar que se naturalice procesando a una red de abusadores de alta gama.

Aunque la persistencia de este comportamiento siempre fue como una especie de secreto a voces, al investigarse el hallazgo del cuerpo de una adolescente desaparecida, se descubrió que en noviembre de 2019 denunció a un explotador ex juez de menores, pero no sucedió nada con su denuncia en ese momento.

Sin embargo, fue el hilo del que tiró la fiscal Darviña Viera para llegar al ovillo de tal corrupción, y emprender junto a la policía lo que se denominó en lo adelante la Operación Océano en la que salieron hasta ahora insospechados nombres a relucir.

Hubo arrestos, personas indagadas e imputadas entre las que figuran, además del mencionado ex magistrado, empresarios prósperos, exitosos profesionales acomodados, ex altos funcionarios estatales y activos miembros de los partidos Nacional y Colorado, integrantes de la gobernante coalición de derecha.

En total llegan a 20 pero la fiscal aseguró hay más hombres sometidos a investigación e indicó la suma de 30 que serán llamados a interrogatorios, lo que indica la magnitud del caso tras cuyas madejas se despliega la Operación Océano.

Hasta donde salió a la luz del sumario secreto hubo una trama de arreglos de citas, en apartamentos en Punta del Este y Montevideo, mediante concubinas encargadas, páginas web y whatsap con ofertas disimuladas y celulares incautados con escabrosos detalles de arreglos y precios.

En uno de los mensajes cruzados con ‘clientela’ se lee: ‘tengo a una adolescente confirmada. Y tengo información de que podría existir la posibilidad de que hubiera más adolescentes’ para explotar sexualmente.

Pericialess realizadas por el Departamento de Delitos Informáticos del Crimen Organizado revelaron que una víctima mantenía conversaciones con varios adultos, dentro de las cuales se encuentran chats con las 20 personas ya imputadas por retribución o promesa de retribución a una adolescente para que ejecutara actos sexuales o eróticos.

Un reciente reporte de un experto señaló que este tipo de violencia sexual demuestra una relación de poder, subyugación y grave violación de los derechos humanos ya que las personas explotadas son generalmente mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Se describen distintas modalidades como promesas de remuneración, no solo en efectivo, puede ser en especies, comida, techo, paseos en yate, utilización de imágenes en material pornográfico, fiestas o espectáculos sexuales públicos o privados, parejas y matrimonios forzados y trata con fines de explotación sexual.

En promedio en Uruguay se hacen 350 denuncias por año por explotación sexual infantil, aunque los organismos responsables de combatir esta problemática aseguran que hay un gran subregistro debido a la imposibilidad de denunciar de muchas personas y el poder que ejercen sobre ellas los explotadores.

De acuerdo con la directora de la asociación civil El Paso, Andrea Tuana, todo este sistema se sostiene en la así la llamada ‘cultura de la violencia’

Al respecto se enfoca en los mensajes y fotos por Whatsap, la sexualización de menores de edad, la legitimación de conductas violentas contra ellas, la violencia de género traducida en culpar a la víctima por lo que tenía puesto, o por dónde caminaba, o señalar a las familias.

‘Dejemos de mirar a las gurisas (niñas) paradas en la vereda y empecemos a mirar las chapas de los autos que frenan’, reclamó.

Tal como recalcó la fiscal del caso en el Juzgado Penal a cargo ‘este delito no lo cometen las personas pobres’, sino contra muchachas de hogares pobres.

En las últimas detenciones se incluyó la de un destacado integrante del Partido Nacional, difundida en redes con imágenes donde aparece con diversas figuras de relieve, entre las que destaca la del actual presidente Luis Lacalle Pou.

Fotos anteriores de uno los ricos empresarios procesados que circularon en redes sociales lo mostraron compartiendo ágapes sociales con el actual canciller Ernesto Talvi y la presente candidata de la coalición de derecha a la Intendencia de Montevideo, Laura Raffo.

A otro se le vincula a una madeja de productores de espectáculos artísticos mencionada en otra trama de escuchas telefónicas desde el gobierno que llevó a la vicepresidenta Beatriz Argimón a ofrecer explicaciones a la ciudadanía, solicitada por la bancada parlamentaria del Frente Amplio.

Las personas menores de edad, de acuerdo a la ley 17.815 que rige en Uruguay, no pueden dar su consentimiento en relaciones sexuales con personas mayores, lo que configura como explotación, aunque se trate de una relación activa con sus pares.

Desde el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual de la niñez y la adolescencia (Conapees) aseguran que esa última justificación legitima el accionar de los explotadores y colabora a que estas tramas delictivas se sostengan con impunidad.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) menciona entre factores que impiden la denuncia, que los explotadores suelen estar en posiciones de poder y utilizan el miedo y la violencia para silenciar a las víctimas.

A esta plaga de alcance global, sustentada en las desigualdades económicas y situaciones de guerras y conflictos armados, fiscalía y policía uruguayas se propusieron ponerle cara de acuerdo con las peculiaridades del país.

Para estudiosas feministas comienza históricamente desde el patriarcado de estructura rural y los arreglos matrimoniales de viejos terratenientes poderosos con tiernas niñas hambreadas ofrecidas por familias en desventajas o apuros económicos.

(Con información de AFP)