Hasta 46 prisioneras muertas por ataque de Barrio 18
Desde hace 30 años el crimen organizado, el narcotráfico, las pandillas MS y la 18 han sembrado el terror, señala criminólogo
Tegucigalpa, Honduras. Choques entre pandilleras y un incendio dejaron al menos 46 muertas en una prisión de Honduras, uno de los países con mayor nivel de violencia penitenciaria, que totaliza más de mil muertos en veinte años.
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, dijo el miércoles a la AFP que «46 es el total de cuerpos ingresados a Medicina Forense», por el enfrentamiento de la víspera entre pandillas rivales en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas) de Támara, 25 km al norte de Tegucigalpa. Inicialmente se había informado 41.
Armas de grueso calibre
De acuerdo con las autoridades, reclusas de la pandilla Barrio 18 irrumpieron disparando con armas de grueso calibre en el edificio donde se ubican sus rivales de la Mara Salvatrucha (MS-13) y posteriormente le prendieron fuego.
La portavoz de la Dirección de Medicina Forense, Issa Alvarado, informó que la hasta la mañana del miércoles habían identificado 23 cuerpos y entregados a los familiares.
Cientos de parientes acudieron a las afueras de la Dirección de Medicina Forense mientras los médicos forenses seguían identificando los cuerpos.
«No se si mi hija murió acribillada o apuñalada», dijo entre lágrimas a medios locales Olga Castro, que perdió a Jenny Patricia Castro, de 44 años. «Dicen que escuchaban que ellas gritaban que les abrieran los portones porque en el módulo 1, en el que estaba ella, le echaron llave por fuera cuando se estaban quemando».
«Nadie se asomó a abrirles los portones, que se haga justicia, no son animales las que mataron esas muchachas» de la 18, clamó.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se declaró en Twitter «conmocionada» por el «monstruoso asesinato de mujeres (…) planificado por maras» y anunció medidas «drásticas».
Una de ellas fue destituir al ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y reemplazarlo por el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez.
Desde abril, Castro había nombrado como interventora de las cárceles a la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, después de que varios enfrentamientos registrados en cuatro cárceles dejaran un muerto y siete heridos.
La viceministra anunció entonces un plan para controlar las 26 prisiones del país, ocupadas por unos 20 mil internos, que incluye un «desarme real a través de registros manuales y electrónicos permanentes» y «el bloqueo total de la señal telefónica» para evitar que los reos sigan delinquiendo desde las cárceles.
En diciembre pasado, Castro declaró un «estado de excepción» para enfrentar a las violentas pandillas, en una medida que se asemeja a las impuestas por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador hace más de un año, aunque con menos acciones y resultados que en territorio salvadoreño.
Villanueva sostuvo que el incidente en la cárcel de mujeres «es un ataque contra el gobierno» por «las acciones emprendidas» contra la delincuencia.
«Ante una acción siempre hay una reacción, ella [Villanueva] puede hacer lo humanamente posible por tratar de frenar el ingreso de estas armas» pero «más bien como que se ha empeorado la cosa», dijo a la AFP el criminólogo Gonzalo Sánchez.
«Desde hace 30 años el crimen organizado, el narcotráfico, las pandillas MS y la 18 han sembrado el terror. Se ha vuelto esto un monstruo de mil cabezas hoy día, que es difícil combatir», agregó.
El propio expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos acusado de delitos de narcotráfico en abril de 2022, un año después de que su hermano Tony fuera sentenciado a cadena perpetua por tráfico de drogas en Nueva York.
Los fiscales estadounidenses afirman que Hernández convirtió a Honduras en un «narcoestado» que involucra a militares, policías y civiles.
(Con información de La Jornada)
