Exhibe estudio la privatización del agua potable en Querétaro
La investigación reveló que la familia Torres Landa se apropio del líquido del embalse de la presa Juriquilla desde 1965
Querétaro, Querétaro. Al menos 17 empresas privadas cuentan con autorización para otorgar el servicio de agua potable en más de 32 desarrollos habitacionales del estado, según el informe Tsunami inmobiliario, presentado por el colectivo Bajo Tierra Museo del Agua, integrado por académicos e investigadores de diversas universidades y activistas que trabajan en forma colaborativa para la conservación y defensa del medio ambiente.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), su homóloga estatal y los gobiernos de 17 de los 18 municipios de la entidad han otorgado los permisos a dichas compañías, según consigna el documento.
San Juan del Río es la única demarcación que concentra en un organismo de carácter público (la Junta de Agua Potable y Alcantarillado) la administración del líquido.
Polo & Ski, representada por Alejandra Anaya Sánchez, es una de las firmas que obtuvo licencia del ayuntamiento de El Marqués; el 23 de septiembre de 2015 el cabildo avaló por unanimidad que fungiera como operador independiente del sistema de suministro y tratamiento de aguas del fraccionamiento que la misma compañía edificó.
El lugar contaba, de forma inicial, con 690 mil 482 metros cuadrados destinados a la construcción de casas y lotes comerciales, como parte de un plan maestro.
Su solicitud se basaba en que no existía infraestructura hídrica pública para la prestación de servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de líquidos residuales.
La presa Juriquilla, manantial de fortunas
Aunque en todo momento Anaya dio la cara como apoderada legal de la empresa, en el reporte de la novena Cumbre de Negocios que se realizó en octubre de 2011 en Querétaro, aparece el nombre de Mario Calzada Mercado –alcalde priísta de El Marqués de 2015 a 2018– como representante y uno de los socios de Polo & Ski.
Otra de las compañías que comercializa el agua en la entidad es Operadora Querétaro Moderno, de la familia del empresario Arturo El Pollo Torres Landa, dueño de la presa Juriquilla, en el municipio de Querétaro.
Una investigación conjunta de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, el Laboratorio de Investigación Periodística y Bajo Tierra Museo en Querétaro reveló que la familia Torres Landa se apropio del líquido del embalse desde 1965.
Además, alrededor de la presa construyó una exclusiva zona residencial con hoteles, bares, plazas comerciales e instalaciones de turismo de lujo.
En 2012 la Comisión Estatal del Agua (CEA) le otorgó la concesión para otorgar el servicio de distribución de agua a través de la Operadora Querétaro Moderno.
Desde entonces, las personas que viven en las inmediaciones, así como en las localidades de Zibatá, Zakia y El Refugio, municipio de El Marqués, se quejan constantemente de cobros excesivos.
En este contexto, Veolia, de origen francés, es una de las empresas encargadas de suministrar agua potable a la ciudad de Querétaro por medio del Acueducto 2, cuya línea de conducción de 123 kilómetros lleva el líquido a la capital y sus alrededores desde los manantiales del río Moctezuma, ubicados en los límites entre los municipios de Ezequiel Montes, Querétaro, y Zimapán, Hidalgo.
El caudal mínimo que se extrae es de mil 500 litros por segundo, lo que equivale a 50 millones de metros cúbicos anuales, que llenarían 50 veces el estadio Azteca. En su cuenta de Facebook, la firma asegura que con este volumen abastece a 900 mil pobladores de la ciudad de Querétaro.
En febrero de 2023, Alberto Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la CEA, declaró que cada mes se pagaban 50 millones de pesos a Veolia para el manejo del Acueducto 2, cuyo contrato esta vigente desde 2011 y termina en 2027, un mes antes de la conclusión del gobierno del panista Mauricio Kuri.
Parte del agua que llega a la ciudad de Querétaro a través de Acueducto 2 se extrae del subsuelo del municipio de Ezequiel Montes; no obstante, en octubre pasado pobladores de la comunidad de Maconí, de dicha demarcación, iniciaron una marcha de más de 150 kilómetros hacia la capital queretana para pedir a las autoridades la infraestructura necesaria para tener agua potable, de la cual carecen, así como caminos y electricidad.
Señalaron que estos eran compromisos de un acuerdo de 2006 entre los lugareños y el gobierno estatal, que encabezaba el panista Francisco Garrido Patrón (2003-2009), a cambio de que permitieran que se llevaran el líquido de la región para proveer a la capital del estado.
La ley Kuri
El 19 de mayo de 2022 el Congreso local, con el voto mayoritario de la bancada panista y el respaldo de legisladores del desaparecido partido Querétaro Independiente, aprobó Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del estado de Querétaro, también llamada ley Kuri.
Con el aval a dicha iniciativa, impulsada por el mandatario estatal, se formalizó la entrega de concesiones a empresas privadas para que tuvieran la atribución de cobrar a los ciudadanos el suministro del recurso, así como los servicios de drenaje y obra hidráulica en toda la entidad por un lapso de 20 años, que puede prorrogarse por un periodo igual.
Treinta organizaciones defensoras del medio ambiente firmaron un documento dirigido a Javier Rascado Pérez, presidente de la defensoría de Derechos Humanos, para que se inicie el proceso para declarar inconstitucional dicha ley.
En junio de ese año, alrededor de 170 personas bloquearon durante 40 minutos la calle 5 de Febrero en la capital del estado para exigir la abrogación de la norma, pero fueron desalojadas por policías antimotines, con saldo de tres detenidos.
(Con información de La Jornada)
