Escozor en Chile ante liberación de criminales de dictadura
Santiago de Chile. Aunque agrupaciones de familiares de desaparecidos y ejecutados políticos esperaban actos para flexibilizar las condenas a criminales de la dictadura en Chile, jamás pensaron que ocurriría de forma tan escandalosa.
La valoración corresponde a Lorena Pizarro, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), quien culpó directamente a la administración de Sebastián Piñera por lo sucedido.
Otros dos criminales condenados por delitos de lesa humanidad recibieron ayer libertad condicional por la Corte Suprema de Chile, mientras familiares de víctimas de la dictadura reaccionaban con indignación.
Suman siete los casos de sentenciados por su participación en asesinatos, torturas y desapariciones durante la dictadura de Augusto Pinochet, instalada de forma sangrienta en 1973 hasta su final en 1990.
Los nuevos liberados son el exbrigadier de Ejército Emilio de la Mahotiere, condenado a tres años y un día como cómplice y encubridor en uno de los casos de la Caravana de la Muerte; y el excoronel Moisés Retamal, que purgaba pena de seis años por el secuestro calificado de tres uruguayos en 1973.
La AFDD entregó una carta de repudio a lo sucedido a la Corte Suprema, que, dijeron, ‘violenta tremendamente a quienes hemos luchado por cimentar el Nunca Más’.
‘Permítanos recordarles a los ministros (de la Corte), que la legislación internacional (…) si fija impedimentos y condiciones para otorgar cualquier tipo de beneficio que considere la libertad anticipada’, señaló la misiva.
Entre ellas, prosiguió, haber manifestado su voluntad de cooperar con la justicia y facilitar espontáneamente sus decisiones.
En el texto, la AFDD y otras organizaciones puntualizaron que el hecho de que 28 años después del fin de la dictadura, ‘seguimos buscando a nuestros desaparecidos y que la mayoría de los perpetradores no hayan sido juzgados’ habla por sí mismo.
Criticó a todos los gobiernos pasados y en particular al actual por ser incapaces de adecuar la legislación interna a los estándares de derechos humanos y a convenciones de las cuales Chile es signatario.
La abogada de derechos humanos y diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, aseguró que el dictamen del máximo tribunal infringe la jurisprudencia internacional y es una vergüenza para el país austral.
Opinó que el fallo de la Corte Suprema es peligroso para la institucionalidad del país pues estable una fórmula de impunidad a esos criminales.
El marido de Hertz, el periodista Carlos Berger, fue asesinado por la dictadura pinochetista en la Caravana de la Muerte de 1973, en tanto Pizarro es hija de un detenido desaparecido.
(Con información de Prensa Latina)
