Enfrenta sacerdote al presidente de Honduras
Progreso.- Berta Cáceres tenía las llaves de la casa del padre Melo. Si pasaba por la ciudad de Progreso se quedaba en alguno de los cuartos vacíos en el hogar del sacerdote.
Ismael Moreno Coto, mejor conocido como el padre Melo, era amigo íntimo de la líder ecologista y de su esposo, Salvador Zúñiga, desde hacía más de dos décadas.
Esa pareja fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copihn) en 1993. Durante 25 años de matrimonio, Berta y Salvador pasaron por diversas separaciones y reconciliaciones, y Moreno fue amigo y consejero de ambos.
“¿Quién se va a ir primero, Melo, tú o yo?”, le preguntó Cáceres, sin dejar de sonreír mientras les tomaban una fotografía tras un mitin de protesta contra una hidroeléctrica en río Blanco en 2013.
El cura no respondió. Cáceres temía por su vida y también por la del jesuita. Su premonición se hizo realidad el 3 de marzo de 2016, cuando fue asesinada en su casa.
Moreno es un sacerdote jesuita que se ha convertido en uno de los principales líderes opositores de Honduras, el país más violento de Centroamérica.
Es periodista en uno de los países más peligrosos para ejercer ese oficio: desde el golpe de Estado de 2009 han sido asesinados 26 reporteros, de acuerdo con la ONG Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
En ese contexto, el padre Melo se ha convertido en una figura antagónica del presidente Juan Orlando Hernández.
Del asesinato de Cáceres, sucedido el 3 de marzo de 2016, el sacerdote aprendió una lección. Dice que en Honduras se aplica a rajatabla la “ley de la muerte”: una condena contra los opositores al modelo “extractivista”.
Los que no se dejan comprar por las empresas o los partidos políticos son condenados.
“Cuando los gatilleros impactaron sus disparos en el cuerpo de Berta Cáceres, ya la habían condenado a muerte hacía muchos años”, dijo Melo. Según él, antes de las balas hay un proceso de muerte civil y política para los opositores: se les denigra o se les invisibiliza.
Los medios de comunicación corporativos solían ignorar a Cáceres o la llamaban la Bochinchera, como si fuese una persona problemática.
Moreno Coto también se ha sentido sentenciado. No piensa que lo van a matar como a Cáceres, pero ya asumió que fue condenado a la denigración y la invisibilidad.
Su vida ha estado marcada por la violencia. A los 16 años sufrió la muerte de su padre, Pedro José Moreno, acaecida el 17 de agosto de 1974. Oficialmente, se trató de un robo con violencia pero Ismael Moreno nunca se ha sentido satisfecho con esa versión porque su padre era un dirigente campesino que participaba en las expropiaciones de tierras.
Unos años después, apenas ordenado sacerdote, se vería tocado por una de las masacres más célebres en la historia de la Compañía de Jesús: el asesinato de seis jesuitas y dos empleadas de la Universidad Centroamericana (UCA) de San Salvador.
Bajo el sino de la muerte
El 16 de noviembre de 1989, un comando élite del ejército de El Salvador irrumpió de noche en la universidad y asesinó a los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Amando López, Ignacio Martín-Baró, Joaquín López, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, así como a Elba y Celina Ramos, trabajadoras de la institución.
Moreno era cercano a las víctimas porque su director de tesis de maestría era Amando López, y el rector de la universidad, el célebre teólogo Ignacio Ellacuría, había sido su profesor.
Pero su amistad más profunda era con Elba Ramos, la cocinera de la comunidad, y con su hija, Celina. De hecho, las había invitado a pasar la Navidad de 1989 con su familia en Progreso por lo que el 22 de diciembre iba a recogerlas en la frontera para llevarlas a casa de su madre, pero la matanza se interpuso en sus planes.
El más reciente de sus muertos se llama Carlos Mejía Orellana, quien tenía 35 años y fue asesinado en su casa la noche del 11 de abril de 2014. Era el encargado de vender los espacios publicitarios de Radio Progreso.
Mejía era homosexual y acaso por eso las autoridades se apresuraron a decir que se trataba de un crimen pasional, aunque era uno de los 16 trabajadores de Radio Progreso que estaba protegido con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las amenazas que había recibido.
(Lea la historia completa en The New York Times-español)
