Emite PJ ‘lluvia’ de amparos contra el Tren Maya

Juzgado Cuarto emite suspensiones provisionales por considerar inadecuada aprobación de la MIA por aprte de Semarnat

Indígenas mayas de 40 comunidades de Yucatán obtuvieron tres suspensiones provisionales de obras del Tren Maya, correspondientes al Tramo 3, resolutivos que se suman a otras cinco en el mismo sentido en Campeche, Chiapas y otra suspensión en Yucatán, ésta última impulsada también por indígenas de la entidad.

El Juzgado Cuarto de Distrito ordenó este lunes 15 en tres procesos de amparo “la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto de que no se continúen las obras de construcción del proyecto denominado Tren Maya, hasta que se dicte la suspensión definitiva de los actos reclamados”.

En las tres resoluciones la jueza de distrito consideró que la aprobación por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), “implica un riesgo preponderante para el ejercicio a un medio ambiente adecuado por parte de los quejosos y no sólo de estos sino de sus descendientes, ya que la naturaleza de tal derecho tiende a proyectarse hacia el futuro, buscando que, a la par de la explotación de los recursos naturales para el bien de la generación actual, también garantice el disfrute de tales recursos, responsablemente, de las generaciones futuras”.

La jueza ordenó a Fonatur detener “los trabajos de construcción que impliquen deforestación o puesta en riesgo de especies de animales autóctonas del territorio” de Yucatán, hasta que no se culmine el procedimiento.

En conferencia de prensa, integrantes del Colectivo Chuun T’aan Maya y de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xiimbal, así como sus representantes legales, abogados de Indignación, Promoción y Defensa de Derechos Humanos, advirtieron que las suspensiones provisionales obtenidas desmienten la versión del gobierno federal de que organizaciones civiles ajenas a la región son quienes se oponen al Tren Maya y no los pueblos originarios.

José Koyoc, de Chuun T’aan, explicó que el fondo de los recursos interpuestos tiene que ver con “la libre autodeterminación, y de qué es lo que va a suceder en nuestros territorios y pueblos”, y que solamente han hecho ejercicio de su derecho acompañados de abogados que han estado al lado de ese proceso de defensa del territorio.

Recordó que siendo este año llamado el año de la reconciliación, por los 500 años de la caída de Tenochtitlán y los 200 años de la consumación de la Independencia, “no se puede hablar del pago de la deuda histórica con los pueblos originarios ni de reconciliación sin el piso mínimo de respetar los derechos de los pueblos mayas”.

Tras reprochar que desde el gobierno federal se trate a los pueblos indígenas como “niños como si no tuviéramos capacidad de tener aliados en este proceso de defensa del territorio”, José Koyoc advirtió que las nuevas suspensiones obtenidas, con las que suman cuatro en Yucatán, deben ser motivo de reflexión del gobierno federal.

“Esta es una oportunidad para que el gobierno se detenga, y ahora es el Tren Maya pero hay otros frentes para continuar luchando como pueblos mayas”, apuntó Koyoc, al recordar que desde hace algunos años se ha emprendido la lucha contra las granjas porcícolas y los megaproyectos eólicos y fotovoltaicos instalados en la Península.

Valiana Aguilar, de Múuch ‘Xiimbal resaltó que el proyecto Tren Maya “atenta contra las vidas de los mayas, viola leyes y atenta con proyectos básicos de nuestra forma de vida; fue impuesto desde arriba, desde una visión racista y sigue la lógica de que como comunidades no somos capaces de decidir sobre nuestra propia vida”.

Aguilar apuntó que entre las inconformidades que prevalecen entre las comunidades se refieren a los impactos ambientales que acarreará consigo el Tren Maya, “desde la destrucción de montes la contaminación del agua la deforestación, pro también de los impactos sociales, como la división que crea esto en las comunidades y que significará el turismo desmedido, que lleguen 40 millones de turistas año, acarreará un ambiente de inseguridad y violencia sobre todo para las mujeres”.

(Con información de Proceso)