Educación infantil, sin violencia: Save the Children
No se deben sancionar penalmente a padres y madres, ya que nuestro sistema penal “no funciona”, consideró Nancy Ramírez
En México, donde se normaliza el ejercer castigos físicos y humillantes contra menores de edad como método disciplinario, el Estado debe proporcionar programas que fomenten la crianza sin violencia y no sancionar penalmente a quienes cometan estas prácticas, ya que nuestro sistema penal “no funciona”, consideró Nancy Ramírez Hernández, directora de Incidencia Política y Temas Globales de Save the Children.
En entrevista con El Economista, Ramírez Hernández, celebró la decisión del Senado de la República de aprobar la prohibición del castigo físico y humillante a niños y adolescentes como mecanismo de crianza, pues explicó que esta iniciativa fortalecer el derecho de los infantes a una vida libre de violencia, sin criminalizar a los padres.
Cabe señalar que este proyecto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Civil Federal para prohibir los castigos corporales y humillantes —el cual debe ser aprobado por los diputados federales—, no establece sanciones penales por recurrir a este tipo de prácticas.
“Es un tema complejo. Tenemos un sistema de justicia que desafortunadamente no funciona, que no está pensado para la reinserción en ningún sentido. Es decir, ni la reinserción de quienes cometen un crimen, ni la reinserción de mamás y papás que usan prácticas violentas. Entonces, es un pendiente que por su puesto también está ahí, toda la parte del sistema de justicia que tiene que funcionar mejor, pero sin duda, en este momento, meter una sanción de este tipo pone en mayor peligro a los niños y niñas.
“En términos de sanciones, hoy la reforma no está estableciendo sanciones específicas. En primer lugar, tenemos que decir que el tema de las sanciones penales es muy delicado en un país donde culturalmente todavía es aceptado el castigo.
“(…) Ahora, sabemos que nuestro sistema de justicia no es igual al de países como Suecia y no podemos enviar a papás y mamás a la cárcel porque no hay un método de reparación, uno que ayude a mamás y papás a tener otros mecanismos de crianza con sus hijos”, expuso la experta en materia de derechos de la niñez.
Además, indicó que esta iniciativa busca promover políticas públicas que permitan que los cuidadores reciban distintos programas que orienten a criar sin violencia.
“Sí estamos pensando a futuro, pero no en este momento porque eso llevaría a parar trabajos en las modificaciones legislativas, pero sí en un futuro conforme se vaya avanzando también en la política pública, podamos incorporar algunos ajustes que estén más relacionados, por ejemplo, con la obligatoriedad de tomar talleres de crianza cuando se presenten casos de castigos corporal o humillantes.”, indicó.
Respecto al caso específico de Jalisco, en donde se impondrá una pena de seis meses a cinco años de prisión a padres o tutores que recurran a los castigos corporales severos o innecesarios para corregir a un menor, Ramírez opinó que las sanciones penales no son viables para atender estos casos.
“En el caso de Jalisco nos preocupa por esa parte de las sanciones penales. Por supuesto que en la prohibición del castigo corporal y humillante estamos de acuerdo, pero nos preocupa la parte de sanciones penales pensando en que las niñas y niños tengan que ser separados de sus papás o mamás.
“Si van a ir a la cárcel, los van a separar de sus familias, y hay dos alternativas: las niñas y niños se quedan con otros familiares, mientras papá o mamá están en la cárcel, o se quedan con un solo papá o mamá en casa; o, si no tienen una red familiar, se van a centros de asistencia social y desafortunadamente, (…) sabemos que las condiciones en estos centros no son las más propicias, y generalmente lo que resulta mejor para las niñas y niños es quedarse con su familias que ir a ese tipo de centros donde también puede haber maltrato. (…) Entonces nos preocupa dónde van a ir a parar los niños y niñas, cuyas madres y padres sean sancionados con penas como la cárcel.
(Con información de Economista)
