Corrupción: flagelo que corroe a Panamá
Panamá.- Una nueva ofensiva judicial contra la corrupción, tras el último escándalo internacional generado por la brasileña Odebrecht, muestra en Panamá la profundidad de hechos lesivos al patrimonio público y serios perjuicios a la ética social.
Los dedos índices apuntan al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) como cabeza de un clan mafioso y a quien acusan de institucionalizar el robo al Estado desde el más alto puesto oficial; pero ese flagelo no comenzó ni con Martinelli, y muchos menos con la llegada del consorcio constructor.
‘Si la corrupción se fuera, porque se va la empresa, está bien; pero la corrupción en el país no empezó con Odebrecht’, sentenció en un canal de televisión Minerva Gómez, trabajadora panameña del consorcio.
Aunque los últimos acontecimientos relacionados con la constructora agregan nuevos argumentos, esta semana coinciden casos penales en fiscalías y salas de tribunales, donde se repiten nombres de empresarios y funcionarios presuntamente vinculados a escenarios diversos.
Integrantes de la familia Martinelli, el antiguo directivo de la casa de valores Financial Pacific (FP) West Valdés, el expresidente de la Caja de Ahorros Ricardo Francollini, funcionarios públicos del anterior gobierno y empresarios panameños y extranjeros, responden a varios expedientes cuyo denominador común es la corrupción.
La suspicacia popular insiste en la coincidencia de que los encausados pertenecen o se vinculan a la administración Martinelli, y su grupo político, mientras otros sectores de poder, con pocas excepciones, no se incluyen en la ofensiva por moralizar el país.
Esto lo utiliza hábilmente el partido Cambio Democrático, liderado por el exmandatario, para su campaña de ‘persecución política’, argumento que si bien tiene poco crédito en la opinión pública nacional, muchos lo acompañan por el pobre apoyo y falta de confianza en la gestión gubernamental y de justicia.
Una encuesta reciente de la firma Dichter & Neira reveló que el 65 por ciento de la muestra consideró negativo el trabajo del presidente Juan Carlos Varela, mientras que el 85 por ciento señaló poca o ninguna transparencia oficial, a pesar de que la propaganda contraria tiene permanencia en el discurso oficial.
El sondeo realizado el fin de semana pasado reflejó el apoyo de solo el 29 por ciento al trabajo de la Corte Suprema de Justicia, mientras el 72 por ciento considera que conocerán los hechos de corrupción en Panamá, por noticias fuera de fronteras.
Es un clamor general (79 por ciento) que las investigaciones sobre los sobornos de Odebrecht se extiendan desde sus primeros contratos en 2006, durante el mandato del entonces presidente Martín Torrijos, hasta la actual administración de Varela.
Pero entre los primeros 17 imputados en el caso, figura Amado Barahona, exdirector de la Unidad de Análisis Financiero durante el gobierno de Martín Torrijos, lo que avala las declaraciones de la procuradora Kenia Porcell, sobre la amplitud de la indagatoria.
Una multitudinaria marcha hasta la sede del MP unió ayer a sectores diversos de la sociedad panameña, quienes portaron carteles y corearon consignas contra la corrupción y la impunidad, además, pidieron la expulsión de Odebrecht.
‘No es el que más grita quien está haciendo algo, no es el que más insulta quien está haciendo algo’, aseveró la trabajadora del consorcio, quien exhortó a cambiar el sistema, ‘y el sistema somos todos’, dijo al llamar a que cada cual asuma su papel individual para la transformación requerida por Panamá. (Con información de Prensa Latina)
