Violencia por reforma de pensiones en Argentina
Violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías estallaron este lunes en Buenos Aires, en la plaza del Congreso, donde diputados debatían una polémica reforma de pensiones propuesta por el gobierno de Mauricio Macri.
La batalla campal duro cuatro horas. Los militantes arrojaban piedras, botellas y bombas de estruendo. Los batallones policiales los hicieron retroceder con gases lacrimógenos y balas de goma, con un saldo de varios heridos en ambas partes, según comprobaron periodistas de la AFP.
Al caer la noche la policía mantenía un cordón de vigilancia alrededor del Parlamento, donde prosigue el debate entre legisladores, una discusión que se presume durará más de ocho horas.
Los manifestantes fueron dispersados dejando tras de sí un tendal de destrozos. En varios barrios de la capital argentina los vecinos salieron a las ventanas a golpear sus cacerolas, en señal de protesta contra la reforma.
Es la segunda vez que el oficialismo trata de convertir en ley el proyecto que regula también los subsidios sociales. Una escandalosa sesión tuvo que ser suspendida el jueves pasado debido a serios incidentes entre activistas y la policía militarizada en torno al parlamento.
A pesar de los incidentes, la cámara de Diputados había iniciado la sesión para considerar el proyecto ya votado en el Senado, pero tuvo que hacer una pausa a raíz de la gravedad de los enfrentamientos.
Lejos de la violencia de un núcleo de manifestantes, la mayoría de la marcha transcurría de forma pacífica.
Hugo Reynoso, jubilado de 74 años, relató a la AFP que cobra la pensión mínima de 400 dólares mensuales y teme que sus ingresos disminuyan a causa de la reforma, en un país con más de 20% de inflación desde hace una década.
«Se aprovechan de los más débiles para cubrir el déficit del Estado en lugar de pedirle a los poderosos», dijo.
Preocupación
«Salimos adelante con mi mujer, que gana igual. Si perdemos poder adquisitivo no sé cómo vamos a pagar medicamentos, tarifas de gas y luz, todo aumenta muy rápido», dijo Reynoso.
«Si los diputados van a votar a favor porque sus gobernadores les dicen que, si no lo hacen, no van a llegar los fondos del Tesoro, en cualquier lugar del mundo eso se llama extorsión», anticipó uno de los líderes de la oposición y ex ministro de Cristina Kirchner, Agustín Rossi.
El gobierno firmó un pacto fiscal con 23 de las 24 provincias, en su mayoría gobernadas por opositores peronistas, a cambio de una promesa de repartirles el dinero del ahorro fiscal que dejaría la reforma.
En medio de la marcha y envuelto en una bandera argentina, el jubilado Jorge López, de 72 años, dijo que «es conocida la política neoliberal que aprieta a los desprotegidos».
«Si se trabaja hasta los 70 años, eso elimina puestos para los más jóvenes», dijo López.
El gobierno propone elevar la edad jubilatoria de manera optativa de los 65 a 70 años para los hombres y de los 60 a los 63 años para las mujeres.
Mediación de la Iglesia
El jefe de gabinete, Marcos Peña, respondió a las críticas al afirmar que «es una buena ley» y que los jubilados no perderán poder adquisitivo.
En el país se volvieron a vivir escenas de choques y represión en las calles que no se veían desde las movilizaciones desatadas por la crisis económica de 2001.
«Uno respeta al electorado que los votó (en las elecciones de medio término en octubre), pero no para que tomen medidas que perjudican a una gran parte de la sociedad», dijo Carlos Acuña, uno de los líderes de la central obrera mayoritaria CGT (peronista). La CGT inició al mediodía del lunes una huelga general de 24 horas.
El gobierno impulsa cambiar la forma de calcular jubilaciones para bajar el déficit fiscal estimado en 5% del producto interno bruto (PIB). El recálculo le permitirá al fisco ahorrar en 2018 unos 100 mil millones de pesos (USD 5 mil 500 millones), una quinta parte del déficit.
En la contienda trató de mediar la Iglesia Católica pero con un llamamiento en línea con las encíclicas del papa Francisco. «Hay que extremar recursos para no perjudicar a los sectores menos favorecidos», dijo el obispo Marcelo Colombo, vicepresidente de la Conferencia Episcopal.
(Con información de AFP)
