Venezuela deja a los acreedores con las ‘manos extendidas’
El gobierno de Venezuela se reunió este lunes con acreedores sin ofrecerles un plan concreto para la renegociación de la deuda soberana y de la compañía petrolera estatal PDVSA, manteniendo vivos los temores de un default.
Durante el encuentro, de apenas unos 25 minutos, el vicepresidente Tareck El Aissami leyó un comunicado en el que prometió nuevos encuentros para «evaluar propuestas», aunque sin fecha precisa, informaron fuentes cercanas a la cita.
Más tarde el gobierno venezolano consideró un «rotundo éxito» su reunión de este lunes.
«Se inició con rotundo éxito el proceso de refinanciamiento de la deuda externa de Venezuela, como estrategia para cumplir cabalmente con nuestras obligaciones» pese a «intentos por impedirlo» de la administración de Donald Trump, señaló un comunicado difundido en horas de la noche por la televisora oficial VTV.
«Dijeron que iban a formar unas mesas técnicas para evaluar propuestas de renegociación de la deuda en el corto y el mediano plazo, pero no dieron ningún detalle concreto sobre sus planes», declaró por su parte a la AFP Gerónimo Mansutti, gerente de Finanzas de la casa de bolsa Rendivalores.
El Aissami justificó que los atrasos en los pagos que ha tenido Venezuela se deben a «problemas operativos» en bancos internacionales provocados por las sanciones financieras impuestas por la administración de Donald Trump.
Unos 300 inversionistas o sus representantes acudieron al Palacio Blanco, frente a la Casa de Gobierno, en el centro de Caracas. «La reunión fue muy mala», resumió Mansutti.
Según otras fuentes, varios inversionistas extranjeros no asistieron porque la cita fue encabezada por El Aissami y el ministro de Finanzas, Simón Zerpa, a quienes Estados Unidos sancionó, prohibiendo a sus ciudadanos tratar con ellos. 70% de los tenedores de bonos son estadounidenses y canadienses.
La reunión fue convocada por el presidente Nicolás Maduro para «renegociar y refinanciar» la abultada deuda externa, estimada en unos 150.000 millones de dólares.
«El default nunca llegará a Venezuela», afirmó Maduro el domingo.
Su promesa impactó en los mercados este lunes y los bonos de Venezuela y PDVSA experimentaron en promedio alzas de 4,5% y 6,9%. Pero, destaca Mansutti, ese crecimiento se desaceleró tras la ausencia de acuerdos.
Examen en Nueva York
En Nueva York, la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA), que agrupa a tenedores de deuda, se reunió este lunes para determinar «si ha ocurrido un cese de pagos» de un bono de PDVSA, por 1.161 millones de dólares.
El gobierno asegura que ya transfirió esos recursos, pero los acreedores no los habían recibido el viernes. La evaluación de ISDA seguirá el martes.
Un incumplimiento puede declararse por las agencias calificadoras, el gobierno o los grandes acreedores; por ello, una evaluación negativa de la ISDA desencadenaría un default y el pago de los seguros CDS (Credit Default Swaps).
El Aissami expresó la voluntad del gobierno de seguir cumpliendo con sus compromisos, aunque no mencionó si se pagó la cuota vencida el viernes, de 81 millones de intereses de un bono de PDVSA, ni 200 millones de deuda soberana que debían cancelarse este lunes.
Las agencias Fitch, Standard and Poor’s y Moody’s, a las que Maduro acusa de participar en una «guerra financiera», rebajaron la calificación de la deuda venezolana ante la posibilidad de que el país con las mayores reservas petroleras del mundo caiga en default.
Con una economía devastada y reservas internacionales de solo 9.700 millones de dólares, Venezuela debe pagar en lo que resta del año al menos 1.470 millones de dólares y para 2018 tiene obligaciones por más de 8.000 millones.
Maduro anunció avances en renegociaciones con sus aliados: las gestiones con China -al que se adeuda unos 28.000 millones- «marchan perfecto» y esta semana se firmará un acuerdo que reestructura 3.000 millones de los 8.000 millones de deuda con Rusia.
Sanciones de la UE
Maduro enfrenta fuerte presión internacional. Sumándose a la política de sanciones de Estados Unidos y Canadá, la Unión Europea adoptó este lunes medidas que impiden a empresas europeas entregar a Venezuela armas o equipos para «represión interna».
La UE creó también un marco jurídico de sanciones contra autoridades y entidades venezolanas acusadas de «violaciones de derechos humanos», aunque esta lista está por el momento vacía. Caracas, en un comunicado de la cancillería, calificó las medidas de «ilegales» y «hostiles».
Para el economista Luis Vicente León, Maduro intenta que inversionistas estadounidenses, interesados en que les paguen, presionen a Trump para flexibilizar las sanciones.
Con el desplome de los precios del petróleo, fuente del 96% de divisas del país, el gobierno recortó drásticamente las importaciones para pagar, provocando una severa escasez de alimentos y medicinas.
Según Eurasia Group, Maduro busca «liberar recusos» para importaciones de cara a las elecciones presidenciales de 2018; pero en mediano y largo plazo la crisis empeoraría y Venezuela enfrentaría litigios y el posible embargo de activos de PDVSA, como CITGO, filial en Estados Unidos.
(Con información de AFP)
